La
polémica sobre el
coto de caza de Tudela
parece no tener fin.
Después de que
hace unas semanas el nuevo
equipo de gobierno anunciara
que su intención es
gestionarlo de forma directa,
la Asociación de
Cazadores Deportivos de
Tudela ha criticado esta
postura y asegura que la
“única
preocupación”
del citado equipo de gobierno
es “la presión
de los agricultores ante los
daños que se
producirán en los
cultivos si no se caza el
conejo y no se gestiona
adecuadamente el
coto”.
El origen de esta
polémica se remonta
a hace casi tres años,
cuando se detectó un
caso de envenenamiento que
provocó la muerte de
más de 140 aves,
algunas protegidas, y por el
que está imputado el
que fue presidente de la
anterior asociación,
entre otros. A raíz de
esto el Gobierno
sancionó a la entidad
con dos años de
prohibición para cazar
por no haber avisado del
envenenamiento. Luego se
creó una nueva
entidad y se le
adjudicó el coto, pero
finalmente se
rescindió el contrato
porque el consistorio
alegó que la
asociación
pagó el canon fuera
de plazo. Además, el
TAN consideró
posteriormente que la
asociación actual era
la misma que la anterior
porque estaba formada por
las mismas personas. El coto
lleva cerrado desde febrero
de 2014.
La entidad, formada por
más de 250 socios,
dice estar
“harta” de que
se les imputen hechos con
los que no tienen nada que
ver. “Somos los
primeros en condenar y
denunciar cualquier mala
práctica que atente
contra la fauna
silvestre”, dijo su
presidente, Bruno
Belío.
Además,
aseguró que es
“falso” que se
comprometieran a renunciar
a la adjudicación del
anterior equipo de gobierno y
que siguen interesados en la
gestión.
Pero muestra su
preocupación porque
dice que se incluyeron dos
nuevas condiciones “al
margen de la
negociación”.
“Nos dejan atados de
pies y manos en cuanto a la
responsabilidad de los
daños, que en la
adjudicación se
establece como
responsabilidad objetiva, es
decir, que si se produce un
daño lo deberá
pagar la asociación
con independencia de
quién sea el
culpable”,
señaló
Belío.
A este respecto propone
que las condiciones incluyan
la obligación para el
agricultor de implicarse en la
prevención de los
daños avisando a los
cazadores antes de preparar
las tierras para realizar las
labores de
prevención, como
“desconejar”
antes de la siembra o
plantación; instalar
barreras y otros medios
disuasorios; o asumir
daños dependiendo de
las necesidades. “En
cuanto a las
indemnizaciones, estaremos
a lo que marca la
legislación, no a su
pago ineludible por la mera
existencia de
daños”,
recalca.
También propone
que no se arrienden terrenos
de escaso valor
agrícola y abundante
presencia de conejos
“donde lo poco que
nazca se lo
comerán” y
considera que los terrenos
comunales improductivos o
poco rentables se
tendrían que
recuperar para el medio
ambiente.
La asociación
añade que es ella
misma, por experiencia,
infraestructura y trabajo
voluntario, quien mejor
puede gestionar el coto, ya
que asegura que el
ayuntamiento carece de todo
ello y tendrá que
contratar personal.
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