El juicio por la
muerte en una caja trampa
del lince «Grazalema»,
ocurrido en 2011 en una finca
de caza de Castellar de
Santiago (Ciudad Real), ha
quedado visto para sentencia
después de que se
haya celebrado la vista oral
en la Audiencia Provincial de
Ciudad Real.
J.J.M.T., administrador y
titular único de Adin
Inversiones, que gestionaba
el coto intensivo de caza en
el que murió
«Grazalema», ha sido juzgado
por un delito contra la fauna
y la acusación
particular, que ha ejercido
Ecologistas en Acción,
ha pedido una pena de dos
años de
prisión, cuatro
años de
inhabilitación para la
caza y una multa de 180.000
euros.
El ministerio fiscal y la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que
también han ejercido
la acusación
particular, han pedido en
ambos casos 90.000 euros de
multa.
Durante el juicio, el
argumento fundamental de la
defensa se ha centrado en
intentar hacer ver que en el
caso de la muerte de
‘Grazalema» no ha existido
dolo ni
intencionalidad.
Por eso, el acusado ha
mantenido que no
conocía la
legislación ambiental
del momento, que no
conocía el plan
técnico de caza y que
desconocía la
presencia de un lince por la
zona, por lo que no
podía poner medios
para evitar su muerte.
J.J.M.T ha sostenido
durante el juicio que por la
zona, además, nunca
habían visto
ningún lince y que el
día en que
murió «Grazalema»
hacía mucho
calor.
En cualquier caso, ha
mantenido que las cajas
trampa, que estaban
colocadas porque el anterior
plan técnico de caza
sí las
permitía, eran
revisadas dos veces al
día, una por la
mañana y otra por la
noche.
Por su parte, la
acusación ha puesto
de relevancia el hecho de
que el uso de la caja trampa
no puede ser considerado un
método
selectivo.
Además, las
acusaciones han concluido en
asegurar que el dueño
de la finca «falta a la
verdad» al asegurar que no
conocía el plan
técnico de caza de su
coto, porque, según
han indicado, para que fuera
aprobado había que
presentar un proyecto que
él
presentó.
Además, han
mantenido que para instalar
cajas trampas se necesita un
permiso especial, con el que
no contaba la finca.
Durante el juicio han ido
testificando numerosos
testigos, entre ellos, agentes
medio ambientales,
técnicos de la
Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente
y el guarda de la finca, entre
otros.
«Grazalema», que
había sido liberada en
el marco del programa
Life+Iberlince, era una
hembra de 17 meses nacida
en cautividad, que se
soltó en Guarrizas
(Jaén) y
había logrado llegar
hasta territorio
castellanomanchego cuando
se encontraba en pleno
proceso de
dispersión.
El cuerpo de esta
hembra de lince
ibérico fue
encontrado en agosto de
2011 por el propio personal
de guardería de la
finca Barranco de la Gomera
de Castellar de Santiago,
como consecuencia de la
deshidratación que
sufrió al quedar
retenida en una caja
trampa.
Fue el propio guarda de
la finca quien se puso en
contacto con los
técnicos del Cuerpo
de agentes
medioambientales de la
zona, para comunicarles la
aparición del lince en
el interior de una caja
trampa destinada a la
captura de zorros.
El lince portaba un collar
radiotransmisor, pero en el
momento de su muerte no
funcionaba.
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