El operativo de la lucha contra los incendios que la Xunta desplegará este año incorporará «cambios muy importantes», según avanzó esta semana la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, en su comparecencia en comisión parlamentaria. Una de las novedades es que el Gobierno gallego recurrirá a los cazadores para que participen en las tareas de vigilancia, detección y, si se da el caso, de investigación de incendios forestales. Su intervención no será discrecional, sino que quedará «regulada» en un protocolo de colaboración que Medio Rural firmará próximamente con la Federación Galega de Caza y en el que se sacará provecho de su consideración como «agente colaborador de la comunidad autónoma» que le confiere la Lei do Deporte.
La colaboración se iniciará este año, en el marco de actuación del Pladiga -el plan autonómico de lucha contra los incendios- y tendrá una vigencia de cuatro ejercicios, plazo que además será prorrogable. Esta iniciativa se suma así a otras ya anunciadas como novedosas para implantar en 2018, como la colocación de 68 cámaras de vigilancia en 34 antenas de Retegal que facilitarán cobertura visual de 1,4 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio gallego, o como la utilización del primer helicóptero equipado con cámara convencional de alta definición y otra de infrarrojos que suministrarán en tiempo real y georreferenciadas las imágenes que vaya tomando de cada incendio que se produzca en su radio de acción.
En este protocolo, según indica Medio Rural, servirá para «regular» la participación de los cazadores, a través de la Federación, «en la prevención y defensa contra incendios forestales mediante acciones preventivas sobre la población y sobre el territorio, así como de vigilancia, detección, disuasión e investigación en el marco del Pladiga».
En todo caso, las labores de investigación se le encomendarían a petición de los agentes forestales de la Xunta o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
De la misma forma, la Federación Galega de Caza -que cuenta con 19.600 cazadores afiliados y 474 sociedades-, también podrá emitir informes cuando existan conflictos de intereses que pudieran dar lugar a incendios forestales. Estos análisis se incorporarían al estudio de las causas de los incendios elaborado por el personal responsable de la Consellería do Medio Rural.
Pero su colaboración con la Xunta en la lucha contra los incendios incluye más actuaciones. Entre ellas, participar en las labores de vigilancia tras extinguirse un incendios para evitar la reproducción de las llamas, apoyar a los efectivos de extinción en la logística (indicaciones sobre caminos y puntos de agua o suministro y reparto de comida y bebida) o cooperar con los distritos forestales en la planificación y ejecución de los planes de acciones preventivas contra el fuego que también puede incluir medidas en favor de una mejor actividad cinegética.
Medio Rural justifica el recurso a la Federación Galega de Caza en que entre sus competencias está la de «asesorar a toda clase de entidades públicas o privadas en cuanto signifiquen un perfeccionamiento en la práctica de la caza, y desarrollar nuevas iniciativas dirigidas a la defensa del medio natural así como realizar actividades encaminadas a la salvaguarda y mejora del medio ambiente».
La Consellería do Medio Rural asegura que habrá más novedades en el Pladiga de este año y que las actualizaciones serán más intensas que en ejercicios anteriores. De hecho, el pasado mes de octubre la comunidad sufrió una oleada de incendios histórica que arrasó con casi 50.000 hectáreas de monte y acabó con la vida de cuatro personas, lo que obligó a la Xunta a tomar medidas legales de urgencia para incrementar la prevención.