La obsolescencia del Reglamento de Armas que rige en el Estado español desde hace 25 años requiere una profunda revisión del mismo, tanto por resultar anacrónica como por la necesidad de trasponer a España la directiva comunitaria aprobada por la Unión europea. Sin embargo, la nueva reglamentación cuya redacción fue encargada a la Guardia Civil por tener competencias en esta materia, ha levantado los ánimos del sector armero por “las enormes restricciones que plantea su propuesta”, según apunta la directora de la Asociación Armera, Marta Gómez y porque “en España está vigente la normativa más restrictiva de todos los países europeos”, según el presidente de esa misma entidad, Jorge Ganzarain.
La propuesta de nuevo Reglamento de Armas presentada por el instituto armado, que el Ministerio del Interior echó para atrás, supondría mantener la esencia de un proyecto que fue presentado al gobierno que presidía Alfredo Pérez Rubalcaba. Esa revisión también fue rechazada de plano por gran parte de los sectores implicados. Aquel texto, asegura Gómez, “hubiese supuesto el cierre de todas las fábricas del sector armero” por las leoninas medidas de seguridad que se querían imponer.
Entre esas medidas del Reglamento de Armas se establecía un perímetro de diez metros alrededor de cualquier empresa de armas, “con lo que cualquier empresa que estuviese en un polígono industrial debería cesar en su actividad”, además de otras peticiones que eran “totalmente absurdas” en opinión de la Asociación Armera.
Repercusión en el comprador
Aunque desde esta agrupación reconocen la necesidad de proceder a una homogeneización de las regulaciones a nivel europeo, Gómez critica que “España hace una regulación que provoca importantes sobrecostes a los productores, a diferencia de los fabricantes europeos. Alrededor del 90% de la facturación de nuestros fabricantes va a la exportación y en este mundo globalizado supone que nos colocamos en una situación de desventaja por toda la carga administrativa, de seguridad…, que es desmesurada”, sostiene Gómez
La actual situación repercute directamente tanto entre los aficionados como entre los vendedores de armas “porque todo repercute en el precio final” de las escopetas o de las armas destinadas al tiro deportivo. Gómez apunta que “para trasladar 50 escopetas es necesario disponer de un transporte de seguridad armado y su correspondiente plan de seguridad, que supone un coste de más de 2.500 euros. Y un envío de 5.000 balas lleva el mismo tratamiento de seguridad”.
Ganzarain se muestra más gráfico al señalar que “un cargamento de escopetas puede circular libremente por Francia, pero cuando llega a la frontera tiene que ser escoltado y a partir de Miranda de Ebro ya no necesita escolta. La realidad es que a los jueces les han quitado la escolta, pero a las escopetas, no”.
Comercio ágil
Las quejas planteadas por los armeros responden a que su actividad tiene como finalidad “una apuesta por un comercio ágil. Así es difícil trabajar y nosotros no pretendemos comerciar con calibres ilegales ni nada por el estilo. Simplemente queremos poner en el mercado armas deportivas que son las que siempre han utilizado los cazadores. Nada más”, sostiene Ganzarain, que hace un par de meses fue elegido para estar al frente de la asociación.
Gómez coincide en que el Reglamento de Armas que está en vigor desde 1993 “dificulta enormemente el comercio, el transporte y la posesión, pero no aporta nada de cara a la seguridad”. Además se muestra muy poco optimista con la nueva reglamentación que “traerá pocos cambios a la normativa española que está muy por encima en rigidez en comparación con la directiva europea”. Ganzarain apunta que “la Guardia Civil ha realizado sus propuestas a espaldas de todo el sector” y critica que “no tienen ninguna gana de dialogar y pretenden imponer medidas absolutamente extremas”.
Ante esa tesitura es necesario que la norma muestre un equilibrio entre la defensa de los intereses de una serie de colectivos y, “en lo que respecta a los fabricantes como sector económico e industrial que son, debería incluir la implicación del Ministerio de Industria, de Comercio. También deberían estar implicadas las Federaciones deportivas de caza y de tiro y, por supuesto, es necesaria una intervención adecuada de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, añade Gómez.
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