La ONU aprueba los derechos del campesinado y el mundo rural mientras España se abstiene. Más protección, más garantías, más respeto, más participación, más dignidad, más igualdad. No solo para los agricultores, también para los ganaderos, los indígenas, los pescadores, los pueblos nómadas y las personas que viven en zonas rurales.
Más derechos para el acceso a la tierra y a los recursos naturales, para la gestión de las semillas tradicionales, para la gobernanza, para los empleados migrantes y temporeros. Para los hombres, y con incidencia, para las mujeres que trabajan en los pueblos y que pueden garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la biodiversidad…
Estos son algunos de los principios que recoge la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales recién aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución. Un texto que promovió el movimiento internacional Vía Campesina desde que celebraran el primer congreso en 2001 en Indonesia hasta este 2018, con este documento que consideran «histórico», y que ahora se pone a disposición de los países del mundo. «Es un reconocimiento a nuestro rol en la lucha contra el hambre, por la mitigación del cambio climático, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por la soberanía alimentaria», destaca Diego Montón, delegado del colectivo en América Latina.
La ONU reconoce en la resolución que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren «de manera desproporcionada» la pobreza, el hambre y la malnutrición, que conviven con la degradación del medioambiente, que se enfrentan a la despoblación y el envejecimiento de sus regiones, que requieren más ayudas e inversiones, que pueden trabajar en condiciones peligrosas o son víctimas de explotación y que tienen dificultades para acceder a los ámbitos de la justicia, a los servicios financieros o a la protección social. Resalta también que le preocupa la especulación sobre los alimentos, la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las desiguales relaciones de poder en las cadenas de valor, entre otros. «Los campesinos se enfrentan a situaciones extremas que se ven agravadas por un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Ellos alimentan al mundo, pero el disfrute de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo su propio derecho a la alimentación», ha declarado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras la aprobación del texto.
«Es una gran victoria del mundo rural frente al mercantilismo imperante. Es un documento importante para frenar la mercantilización y el oligopolio de los alimentos utilizados como mercancía, y la concentración del poder de su distribución en unas pocas manos. La declaración recoge la humanización de la agricultura, que algo tan básico no dependa de las grandes empresas», declara con decisión el ingeniero José Esquinas, implicado en la negociación desde hace un lustro y miembro del comité científico. Para el experto, esta resolución, amparada en el contexto de los Derechos Humanos, pone a las personas en el centro frente a los beneficios empresariales, y promueve la soberanía alimentaria frente a la dependencia de las grandes compañías. «Es fundamental también que sitúa al campesino como custodio de la biodiversidad agrícola del planeta, básica para los cambios medioambientales que se avecinan», detalla el experto.
La declaración, que expone directrices voluntarias, otorga un corpus discursivo unificado al sector y sus sociedades, y sirve de base para que los Gobiernos, nacionales, regionales o locales, tengan orientaciones para cimentar, analizar y evaluar sus políticas públicas junto a la sociedad civil. «Desde ya hay casos de municipios de América Latina que estaban usando el proceso de la declaración para adoptar resoluciones locales. Es una herramienta para legislar y servirá para establecer diálogo con muchas de las luchas abiertas», señala Montón, que destaca la precisión recogida en el texto para defender a los líderes campesinos. «En muchos lugares del mundo hay criminalización, discriminación e incluso cárcel y violencia para los líderes campesinos. Esta declaración es también un llamado a respetar los derechos civiles, políticos, económicos y políticos de los campesinos», detalla.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha calificado de «histórico» este documento, que detalla cuestiones sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para la seguridad alimentaria, además de reforzar las identidades culturales y los conocimientos tradicionales. «A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad», ha declarado Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la organización para las Naciones Unidas en Nueva York. «Para la FAO va a ser muy importante, útil y relevante en relación con la década de la agricultura familiar (2019-2028), trata temas a desarrollar como la tierra, las semillas o que la innovación sea sostenible y participada con el conocimiento local», detalla Guilherme Brady, coordinador del equipo de Organizaciones de la Sociedad Civil de esta agencia de la ONU. Los agricultores familiares generan cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo, aunque «paradójicamente» suelen ser pobres y estar aquejados de inseguridad alimentaria, recoge la FAO.
España se abstiene para la aprobación del texto
Bolivia ha liderado esta propuesta sobre la que han votado 193 países y que ha contado con un amplio respaldo de Estados de América Latina, África y Asia. No obstante, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Hungría, Suecia y Nueva Zelanda se han posicionado en contra. España, junto a otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia o Bélgica, se han abstenido de la votación. En la intervención de la Delegación española en la Asamblea de la ONU, el Gobierno explicó por qué no apoyó el documento explícitamente: «Coincidimos con otros Estados en que esta Resolución incluye elementos, como la creación de nuevos derechos, que deben abordarse a través de otros instrumentos para garantizar la coherencia del valioso sistema de promoción y protección de derechos humanos actualmente vigente. Por ello, España se abstendrá en esta votación».
FUENTE. EL PAÍS
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