La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) y la Federación Catalana de Caza han solicitado al Jurado una condena por asesinato y más de 50 años de cárcel para el acusado por el asesinato de dos agentes rurales en la localidad de Aspa (Lleida).
En la primera sesión del juicio por el asesinato de dos agentes rurales muertos en acto de servicio en la localidad de Aspa (Lleida) las acusaciones y las defensas expusieron sus respectivas peticiones, explicando al Tribunal del Jurado Popular cuáles son los delitos por los que acusan y los motivos. La defensa presentó como cuestiones previas varios informes periciales con el fin de hacer valer una supuesta anomalía psiquiátrica que le permita finalmente aminorar la condena. También alegó la existencia de una atenuante de confesión.
La Federación Catalana de Caza y la ONC han comparecido como acusación popular. Santiago Ballesteros, el abogado que representa a ambas entidades, expresó a la Sala el compromiso del colectivo de cazadores y de estas entidades “con las familias, con el cuerpo de agentes rurales, y con la Administración cinegética y sociedad en general”. A su vez mantuvo la pertinencia de calificar los hechos como asesinato y no como un homicidio teniendo en cuenta “imposibilidad de los agentes de defenderse, el ataque subido, inopinado y sorpresivo del agresor”.
Estas circunstancias cualifican el crimen desde el punto de vista penal y lo convierten en un asesinato. ONC y Federación Catalana de Caza han solicitado penas de veinticinco años de cárcel por cada asesinato, “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la alarma social que generaron, la gratuidad de la agresión, y que afectó a dos personas en la flor de su vida que dejan viuda y dos niños pequeños”. A su vez, Ballesteros, argumentó al Jurado la necesidad de condenar al procesado por el resto de delitos que se acusan: tenencia ilícita de armas, delito contra la fauna, y atentado a la autoridad.
La defensa y el propio acusado en su declaración insistieron en la existencia de una patología epiléptica con repercusión en su conducta. Durante el largo interrogatorio, Ismael Rodríguez Clemente, insistió en que no recordaba lo sucedido en el momento de los disparos, achacando el crimen a una reacción relacionada con su “mal”. Para las acusaciones, se trata en realidad de una cortina de humo, “el único comodín que puede jugar en su defensa el acusado”, en palabras al Jurado de Santiago Ballesteros. Igualmente se opuso a la aplicación de la atenuante de confesión por tratarse de una actuación no espontánea, sino inducida y forzada por el resto de integrantes de la partida de caza.
Respecto del otro acusado, su defensa pidió la absolución por la acusación a título de cooperador necesario por un delito de tenencia ilícita de armas. También en los interrogatorios hubo constantes preguntas a los agentes que instruyeron posteriormente el atestado sobre los requisitos y las obligaciones de custodia de las armas. En su declaración, el otro acusado incurrió en importantes contradicciones con Ismael Rodríguez Clemente.
El juicio continuará hasta el día miércoles día veintitrés de enero, donde previsiblemente se terminará la práctica de la prueba y acusaciones y defensa realizarán sus informes finales. Después los miembros del Jurado tendrán que deliberar sobre el objeto del veredicto. Es previsible que el jueves por la tarde o el viernes pueda existir un fallo del tribunal popular.
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