La ONC reclama al Defensor del Pueblo que garantice la seguridad jurídica y la libertad individual de los cazadores de Castilla y León.
Madrid, 2 de julio.- La Oficina Nacional de la Caza, en colaboración con la Federación de Caza de Castilla y León, ha solicitado una reunión urgente con el Defensor del Pueblo después de que este anunciara la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Caza de Castilla y León y atendiendo a los animalistas de ANPBA-Asociación Para la Protección y Bienestar de los Animales.
El pasado 28 de junio y en nota de prensa difundidas en los medios, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, avanzó que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de Castilla y León que se basa en la no existencia de estudios previos que la sustenten, un argumento similar al empleado en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad. De esta forma, el Defensor del Pueblo usa los mismos términos y los mismos enunciados del Tribunal Superior de Justicia.
La ONC recuerda, como ya se demostró en la suspensión cautelar de la ley, que anular la caza en esta comunidad afecta gravemente a los habitantes rurales de la Comunidad (a los que supuestamente se pretende defender) y a los intereses de vida de buena parte de esa sociedad rural. En este sentido, la Oficina Nacional de la Caza considera que la contaminación ideológica de ciertas tesis animalistas que hace suyas el TSJ, va en contra de la mayoría de la población de esta Comunidad Autónoma, por lo que el precepto fundamental no se cumple por parte del Defensor del Pueblo.
Para la ONC, esta situación supone un grave ataque a la soberanía popular y a la seguridad jurídica que debe emanar de las leyes aprobadas por los representantes populares. A esto se suma que, tras años de litigios con la Junta de Castilla y León, ya existen estudios y datos que sustentan esa normativa, aunque no son considerados por el TSJ.
Con todo, la Oficina Nacional de la Caza reclama al Defensor del Pueblo, con carácter de urgencia, que garantice del derecho a una actividad legal y legítima como es la caza, un aprovechamiento más de los muchos que se desarrollan campo, ya que de otra forma se incumplirían los deberes establecidos en el normal desarrollo de esta actividad contemplados en el ordenamiento jurídico.
Hay que recordar que la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural engloba a las principales y más representativas organizaciones del sector, entre las que destaca la Real Federación Española de Caza.
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Lo que el defensor del pueblo dice es que el parlamento hizo trampa. Como la Junta perdió en los tribunales, se salió por la tangente y quiso quitarles las ganas a los recurrentes de volver a enredar. ¿Cómo? Pues aprobando POR LEY unas cuantas cosas que no se deben aprobar por ley, sino por decreto u orden (actos que, al contrario que las leyes, sí son recurribles en los tribunales normales). Y también, por ejemplo, en el caso de la lista de especies cazables, lo ha hecho sin haber analizado su estado de conservación, lo que es ilegal en toda la Unión Europea.
Además, el defensor del pueblo dice que todo eso lo hizo con el único objetivo de eludir el cumplimiento de los mandatos de los jueces.
Todo esto está muy clarito aquí: https://www.defensordelpueblo.es/noticias/recurso-de-inconstitucionalidad-2/
Una cosa es defender la caza y otra tomarnos el pelo a los cazadores llamándonos tontos a la cara y desinformándonos. ¿Tanto cuesta hacer las cosas bien? ¿Cómo se están gestionando estas cosas ante los políticos?
¿Pero qué dijo el defensor del pueblo?