La caza en Castilla y León en el disparadero
La Junta y la Federación Regional defienden la Ley de Caza Autonómica, recurrida ante el Constitucional / «No entendemos cómo el Defensor del Pueblo presenta el recurso», dice Iturmendi
La consejería de Presidencia, a través de su Dirección de los Servicios Jurídicos, presentó esta semana las alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la última modificación en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León, efectuada en marzo de este año.
Cabe recordar que la actividad cinegética fue paralizada en febrero de este año, durante unos días y de forma cautelar, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras una demanda interpuesta por PACMA. Entonces, todos los grupos políticos regionales mantuvieron las oportunas reuniones para modificar la Ley de Caza y salvar la actividad, como así ha sido, incluyendo en la propia Ley la declaración de las especies cinegéticas susceptibles de ser cazadas en la Comunidad y sus períodos hábiles.
Esta misma semana y por segunda vez, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCYL), acordó no admitir el desistimiento de la Junta de Castilla y León a su propio recurso, a la medida cautelar de suspensión del Decreto que regulaba qué especies se pueden cazar.
La Sala ha entendido que la solicitud de la Junta incurre en fraude procesal, por haberse planteado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo hubiera iniciado los trámites para decidir si eleva al Tribunal Constitucional la Ley de Caza aprobada en marzo por el Parlamento autonómico.
La Sala tiene pendiente decidir si plantea esta cuestión de inconstitucionalidad por considerar que la modificación de la Ley de Caza vigente hasta marzo habría impedido la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la resolución judicial dictada con anterioridad que suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León.
Para el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, según señaló a este diario, «esta desestimación no tiene mayor importancia, pues se está cumpliendo lo que sabíamos que iba a pasar siguiendo el devenir de este asunto desde la legalidad. Lo que no entendemos es cómo el Defensor del Pueblo ha presentado con tanta ligereza el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza autonómica, siendo nuestra Comunidad la única de España donde, en las mismas circunstancias, se ha planteado un posible paro que esperemos que nunca llegue».
«Desde la Federación queremos dejar claro -añadió- que no estamos de acuerdo con el recurso del Defensor del Pueblo, que está defendiendo la suspensión de la caza sin considerar, como tampoco hizo el TSJ, los enormes perjuicios que produciría esta medida y que si supieron prever nuestros procuradores en Cortes. La suspensión de la caza en Castilla y León provocaría un efecto dominó sobre el resto de comunidades autónomas, porque todas se encuentran en la misma situación».
Pero hay más argumentos para Santiago Iturmendi. «Además, no podemos permitir que se dañe nuestro valioso patrimonio cinegético. En nuestra región tenemos los mejores ciervos en abierto, el mayor número de lobos, las cabras más cotizadas, los mejores rebecos, los mejores corzos, y una población de jabalí que cada día se está superando, en cuanto a la caza mayor se refiere».
Lo mismo pasa con las especies de tamaño más reducido. «En cuanto a la caza menor también somos punteros en captura de codornices. Somos la segunda comunidad más importante de España en los pasos tradicionales de paloma torcaz y la segunda donde más becadas se capturan, y todo esto deberían de tenerlo en cuenta quienes pretenden poner trabas a nuestra actividad, que recordamos que siempre ha sido legal y es una de las más reguladas de España».
«En este sentido -prosigue Santiago Iturmendi-, no me duelen prendas señalar que cuando tuvimos el episodio del pasado mes de marzo, cuando la caza estuvo paralizada unos días de forma cautelar, la ciudadanía, y no solo los cazadores, nos decía clarísimamente que quiere que se cace, que no se entiende un país sin la caza. De hecho, cuando se publicó la medida cautelar, mucha gente me preguntaba si lo íbamos a permitir».
«Afortunadamente se arregló todo con la reforma express que hicimos y esperamos que tanto el TSJCYL como el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que a nuestro entender no está defendiendo al pueblo en esta ocasión, se den cuenta y conozcan realmente lo que es la caza y lo que representa, por su importancia, para cualquier comunidad española, tanto deportiva, económica, como de preservación de las especies», concluyó el presidente regional de Caza.
Fuente. Diario de Valladolid