Hace doce años el Gobierno de Cantabria creó una red de puntos limpios que consistían en instalaciones públicas y gratuitas para gestionar residuos contaminantes para así evitar que llegaran a los ríos. La pega es que ese servicio, exclusivo para ciudadanos particulares, es usado contínuamente por pequeños autónomos y profesionales que, en vez de pagar a un gestor de residuos privado, utilizan estos puntos gratuitos para deshacerse de los productos contaminantes.
Es por ello que la empresa pública Mare (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía) se ha puesto en pie de guerra asegurando que no puede permitirse que se financie con dinero público el coste de una actividad económica, y calcula que la gestión de los residuos en los puntos limpios procedentes de autónomos y empresas cuesta a todos los cántabros unos 600.000 euros al año. «No podemos subvencionarles la gestión de los residuos, igual que no les subvencionamos el gasoil», explica el director general de Mare, Rafael Canales. Además, argumenta que en los últimos años han surgido gestores privados, «que ya nos han presentado quejas por competencia desleal».
Estos días se han comenzado a colocar carteles en los 34 puntos limpios diseminados por la región, en los que se informa de las nuevas ‘normas’. Además de limitar la entrada a los particulares, también han cambiado su horario «para adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos», dice Canales, y se cerrará los lunes para ahorrar en horas extra y suplencias.
En el Diario Montañés se explica que los perjudicados no están de acuerdo con los razonamientos de la empresa gestora. La plataforma de jardineros convocó ayer a representantes de los gremios afectados por esta medida para informarles de lo que les espera: pagar entre 60 y 100 euros al día por un contenedor -que muchos no llenarían ni en varios días- que les lleve sus residuos o tratar con empresas privadas, opciones que no son viables para ninguno de los colectivos.
«Ir a Meruelo supone, además del contenedor, gasto en gasoil y tiempo perdido», cuenta Salvador en el diario, jardinero que razona la cuestión al revés que Mare: «transportando los restos de siegas y podas de nuestros clientes a los puntos limpios estamos haciendo un servicio por el que no cobramos y ayudamos a cuidar el medio ambiente». Su colega Santiago también rechaza un sistema que contradice la propia gestión de residuos que lleva a cabo el Gobierno de Cantabria, «era una gestión sana, que favorecía a las empresas continuar con su actividad. Ahora se deteriorarán las economías y habrá que despedir a trabajadores». Por no hablar de los daños colaterales que, temen, no tardarán si se pone en práctica: «Volverán los vertederos incontrolados, la contaminación y el mal uso de los contenedores urbanos que se había logrado erradicar».
Convocada una reunión
Esta mañana a las 09:30 horas se han reunido los representantes de la plataforma de los autónomos Cantabria y Reprentantes de Sodercan, con la empresa pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), en los locales que ésta tiene en Torrelavega. Al parecer, no se ha llegado a ningún acuerdo. MARE aconseja a los autónomos a cargar en el presupuesto y posteriormente, en la factura, la retirada de escombros y materiales de deshecho de las obras.
Esto he llevado a la plataforma de autónomos ha convocar otra reunión esta tarde a las 19:30 horas en el bar «La Bolera», situado en el barrio Campuzano de Torrelavega.
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