El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 601.012 euros, más una indemnización de otros 344.246 a la empresa Sniace por unos vertidos de aguas residuales realizados al río Saja-Besaya, en el término municipal de Santillana del Mar (Cantabria), en el mes de diciembre de 2006.
Sniace fue sancionada en su día por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por un vertido al río Saja. El Consejo de Ministros confirmó esa sanción, consistente en una multa de unos 601.000 euros, junto con la indemnización de 344.000 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.
La empresa química solicitó al Consejo de Ministros la suspensión de esta decisión, algo que no ocurrió. Sniace alegó que tenía un recurso presentado contra la sanción y que si se ejecutaba ese pago, el recurso perdería su finalidad. Además, la empresa señalaba que el pago de esa cantidad produciría un daño «irreversible», dado el elevado importe de la cantidad.
El Supremo ha negado ese carácter «irreversible» de esos daños, y señala que sólo se trata de la entrega de una cantidad económica y afirma que la ejecución del recurso presentado por la empresa química no interfiere con la formalización del pago.
Tras conocerse el auto, la empresa ha hecho público un comunicado en el que insiste en que el fondo del asunto (la sanción y la indemnización impuestas por el Consejo de Ministros, ratificando lo propuesto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico) está todavía pendiente de recurso por la vía administrativa.
Además, avanza que si su recurso fuera rechazado por el Consejo de Ministros, recurriría entonces la sanción y la indemnización por la vía judicial.
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