67 entidades firman un manifiesto para que durante la pandemia los cazadores puedan desplazarse para realizar la actividad cinegética, un sector que genera 6.475 millones de euros al año y emplea a 187.000 personas en España
Las restricciones de movilidad y los cierres de determinados servicios como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 también están afectando al sector de la caza, que durante estos meses comienza su temporada 2020-2021. Los confinamientos y las restricciones de movilidad impiden a los cazadores desplazarse para practicar la caza, algo que ha llevado a 67 entidades a firmar un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir que la actividad cinegética sea considerada como una actividad esencial.
El 10% de los siniestros agrícolas están motivados por la sobrepoblación de especies cinegéticas
En este sentido, los firmantes del escrito remitido al Gobierno, entre los que se encuentran asociaciones vinculadas a la agricultura, la ganadería o la alimentación, advierten de que esta situación, de no revertirse, puede tener “graves consecuencias” a nivel medioambiental y económico. Una postura que apoya Christian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal e investigador del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC). Por eso, en el manifiesto piden que su práctica se considere esencial, ya que por las características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación de riesgo, de transmisión del coronavirus, y gracias a las medidas de protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.
El presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, explica que ya en el confinamiento iniciado en marzo se comprobaron algunas las consecuencias de no cazar, que podrían agravarse en el caso de que la temporada llegase a interrumpirse. “No hay razones objetivas para paralizar la caza en ninguno de los escenarios -explica el presidente de Artemisan- y hay que tener en cuenta los criterios científicos y socioeconómicos que avalan que la caza es una actividad esencial, por lo que debe garantizarse tanto su continuidad como la movilidad de los cazadores”.
Los firmantes del manifiesto, entre los que se encuentra Fundación Artemisan, alertan de que si la caza no se puede practicar como hasta ahora podría desencadenar en una sobrepoblación de algunas especies, como el jabalí, que ocasionarán daños en los cultivos y pueden incluso llegar a los núcleos urbanos. Así, en el último lustro se vienen pro-duciendo en España entre 8.000-10.000 siniestros agrícolas causados por fauna silvestre (principalmente cinegética), lo que equivale al 10% del total de siniestros agrícolas registrados. Estos daños afectan a miles de hectáreas y causan pérdidas mi¬llonarias, echando por tierra el esfuerzo y trabajo de agricultores y ganaderos.
Por tanto, argumentan, se multiplicarían las afecciones en cosechas de cereales, leguminosas y pasto, pero también provocarían daños en las infraestructuras de riego y podrían atacar explotaciones ovinas y caprinas. La falta de control, además, hace que los animales salgan de su hábitat natural e invadan las carreteras. Un hecho que supone un gran peligro para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras, como las vías férreas. Hay que tener en cuenta que especies como jabalíes y corzos son los responsables de más del 50% de los accidentes en carreteras ocasionados por fau¬na silvestre según los datos de los últimos años. El caso del jabalí es muy relevante, dado que se incrementan cada año lo accidentes que provoca y en el 2017 causó más de 10.000 accidentes de tráfico.
La caza es también clave para el control poblacional de especies abundantes, como el jabalí y los cérvidos, contribuyendo a minimizar la expansión de enfermedades, con un coste económico elevado para las explotaciones ganaderas. Según alertan, el número de jabalíes cazados en España se duplica cada 10 años, produciéndose un crecimiento exponencial de las poblaciones, mientras que las capturas de ciervos aumentan una media del 14% anual en los últimos años.
UN GRAN IMPACTO ECONÓMICO
La actividad cinegética, además, es una actividad económica en sí misma. Por eso, desde Fundación Artemisan, una de las entidades que ha adscrito este escrito, inciden en la importancia económica que tiene la caza en nuestro país. Según un estudio elaborado por la consultora Deloitte, el sector cinegético español genera un impacto económico de 6.470 millones de euros al año. Unos ingresos que se verían muy mermados si se imponen restricciones para practicar la actividad a causa de la pandemia. De hecho, ya solo en desplazamiento, los cazadores de España gastan de media 2.425 euros al año.
El sector de la caza, tal y como recalcan desde la fundación, genera empleo, sobre todo, en las zonas rurales, en la denominada España vaciada. La temporada de caza supone un soplo de aire fresco para estas zonas demográfica y económicamente dañadas. Se calcula que la actividad cinegética emplea a más de 187.000 personas en nuestro país, la mayoría en estas zonas rurales.
La actividad cinegética, además, también tiene una contribución social. El sector lleva a cabo actividades de educación y sensibilización que desarrollan los cotos y sociedades de caza. Pero también supone un impacto positivo en seguridad vial, sanidad animal y reducción de siniestros agrícolas, así como genera arraigo social y valor cultural.
Por todo ello, desde el sector reclaman que se declare oficialmente la caza como actividad esencial y que se incluyan los desplazamientos puntuales de cazadores como una de las excepciones ante posibles confinamientos o restricciones de la movilidad. Un hecho que ayudaría a salvaguardar la economía de la zona rural y permitiría mantener y cuidar el medioambiente.
Fuente. elmundo.es