Nuevo golpe a la caza, la conservación y la economía rural del Gobierno de España. Todo vale para acabar con la caza social y su cultura
La hipocresía se adueña de las instituciones españolas. Prohíben la caza, arruinan la economía rural y gastarán más de 320 millones de euros en la contratación de cazadores profesionales.
La Fundación Artemisan advierte que, si nadie lo remedia, los Parques Nacionales de nuestro país dejarán de ser una fuente de riqueza, creación de empleo y fijación de población en el medio rural para pasar a costar más de 320 millones de euros a los españoles, en plena crisis económica mundial.
La entidad lamenta que el Gobierno haya hecho oídos sordos al clamor de una España vaciada que, con el fin de la moratoria de la prohibición de cazar en estos espacios, va a sufrir un golpe definitivo al perder una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques. De hecho, diversos Ayuntamientos de estas zonas han aprobado mociones pidiendo que se paralice esta medida.
En este sentido, recuerda que las poblaciones de estos espacios protegidos se encuentran ya en una situación grave de despoblamiento, desempleo y disminución de renta, como exponen los informes sobre la situación socioeconómica en Monfragüe y Cabañeros, elaborados por la Universidad de Extremadura, la Federación Extremeña de Caza y la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de Fundación Artemisan.
La finalización de la moratoria llega, además, sin que se haya llegado a acuerdos con los propietarios de las fincas y sin que se haya establecido alternativa alguna a la caza para la gestión de poblaciones. Una gestión imprescindible que sumará más costes a los españoles cuando hasta ahora suponía ingresos y que, de no realizarse, además de las consecuencias económicas y sociales, añadirá estragos medioambientales precisamente en el valor más importante de los Parques Nacionales, su biodiversidad.
De hecho, un informe elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Cátedra de Parques Nacionales, en colaboración con la propia Red de Parques Nacionales, advierte de las consecuencias de no realizar los oportunos controles de poblaciones en estos espacios protegidos.
A estas consecuencias medioambientales habrá que sumar también el aumento de accidentes en carretera por sobrepoblación de ungulados, el aumento de daños a la agricultura o la probable aparición de enfermedades en la fauna silvestre por sobreabundancia, que supondrán un riesgo también para la fauna doméstica e, incluso, para la salud pública.
Fundación Artemisan, junto a otras entidades del sector, lleva meses manteniendo reuniones con representantes políticos de las diferentes administraciones y con los sectores implicados, alertando de las graves consecuencias de la prohibición de cazar. De hecho, diferentes partidos políticos han mostrado ya su apoyo a una nueva moratoria y se han presentado iniciativas parlamentarias en este sentido, sin ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno.
Cabe recordar que Fundación Artemisan propuso diferentes alternativas como la aprobación de una prórroga a la moratoria que permitiese formalizar los acuerdos necesarios o una reforma legislativa de manera que no se estableciese la prohibición de cazar en los Parques Nacionales en los que la caza haya sido una actividad tradicional y no perjudique al espacio protegido, propuestas que tampoco han obtenido respuesta.
A menos de 24 horas de la entrada en vigor de la prohibición, Fundación Artemisan lamenta la inacción y vuelve a instar al Gobierno a que, urgentemente, dejar de mirar hacia otro lado y tome una decisión firme y valiente que dé solución a la incertidumbre y a la situación crítica en la que quedarán a partir de mañana los Parques Nacionales de nuestro país.
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