Sorpresa desagradable es el mejor calificativo para definir la reacción que ha producido el anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para sustituir su Ley de Protección Animal de 2003.
Tras esta primera reacción, las principales entidades representativas del perro de caza en esta comunidad, con la Federación Andaluza de Caza a la cabeza, la Federación Andaluza de Galgos y la Asociación Española de Rehalas, hemos hecho un frente común, ante lo que calificamos una condena a muerte al perro de caza en Andalucía.
Medidas como la castración obligatoria, la prohibición de reproducción o someter a los perros de caza al mismo régimen de vida que a una mascota, carecerían de sentido si no fuese porque, detrás de este borrador, se atisba la sombra del animalismo, ese movimiento radical que pretende acabar con la Caza privándole de su medio auxiliar más preciado.
¿Es posible que un gobierno andaluz compuesto por partidos comprometidos con el Mundo Rural cometa esta barbarie?
Según la propia definición legal, el perro de caza, en general, y el perro de rehala, en particular, no son animales de compañía porque no son tenidos con el fin exclusivo de dar compañía a su dueño. Esta compañía es una finalidad muy necesaria y en fase creciente en nuestra sociedad, que es lógico regular. Por esta razón, animales tenidos con tan diferente finalidad, no pueden tener el mismo régimen de vida, ni ser iguales las normas que lo regulan.
Trabajaremos codo con codo con la FAC, la FAG y toda aquella entidad que quiera ayudar, en defensa del perro de caza en Andalucía, para que se le reconozca una categoría propia como animal auxiliar, incluso haciendo frente, si llegara el extremo, a aquellos a quienes votamos porque se comprometieron públicamente en sus programas electorales en defender a la caza en esta privilegiada tierra y ahora faltarían a su palabra, si permiten dar vida a este monstruo.
El sector cinegético mantiene un gran porcentaje de los perros en Andalucía y, además le ha regalado a esta tierra varias de sus razas autóctonas más valiosas, como el podenco andaluz o el paternino de Huelva, que son producto de la selección de los cazadores. Este Gobierno tiene la obligación legal de fomentar su cría y no condenarlas a la desaparición, como lo están haciendo. ¿Es ésta la forma de agradecerlo?
¿Y en qué medida esta Ley fomenta la Rehala, declarada como BIC por este Gobierno, que ahora pretende impedir que se puedan criar perros destinados a esta actividad?
¿Quién es responsable de este texto? ¿Qué compromiso político tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía con el animalismo? Los cazadores, muchos de los cuales le hemos votado, tenemos derecho a saber las respuestas a estas cuestiones.
Sr. Moreno Bonilla, revise bien esta norma porque se está equivocando o se la están colando y el tiempo nos dará la razón. Cuente con los que criamos los perros de caza para conocer la verdad de su bienestar y regularlo de forma racional y proporcionada. Cazar es una actividad legal, deportiva, de raíces culturales que, además, genera miles de puestos de trabajo y riqueza en Andalucía, pero sin perros no habrá Caza y el precio que vamos a tener que pagar por la destrucción de tanta riqueza va a ser muy alto, se lo aseguro.
Alfonso Aguado Puig
Presidente de la Asociación Española de Rehalas
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