La RFEC exige la modificación de la Ley de Parques Nacionales tras las matanzas en Monfragüe
La regulación de las poblaciones de ungulados en los Parques Nacionales era y es una cuestión necesaria tal y como habían señalado diferentes entidades relacionadas tanto con la actividad cinegética como la medioambiental. Sin embargo, esa labor que venía siendo realizada por los cazadores está prohibida desde el pasado 6 de diciembre, cuando finalizó la moratoria de seis años a la aplicación de la Ley de Parques Nacionales.
Con la nueva legislación el control de las poblaciones de ungulados y otras especies animales corresponde al Gobierno central que, en el caso del Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, ha optado por recurrir a cazadores profesionales.
La reciente matanza llevada a cabo en el parque extremeño, “donde los ungulados se estaban ‘comiendo’ el parque debido a la sobrepoblación derivada de la falta de gestión cinegética”, ha sido calificada como “un auténtico desastre” por parte del presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo.
En su opinión, en la actuación desarrollada el pasado 22 de abril en la Finca Las Cansinas, en pleno corazón de Monfragüe, “se ha incumplido todo lo que antes se pretendía proteger y además sin tener en cuenta cuántos ejemplares debían ser abatidos en esa área”. El parque ocupa unas 18.000 hectáreas, de las que en torno al 50% son de propiedad privada, y la caza está prohibida desde 1992 aunque se venían realizando periódicos controles poblacionales.
Especies protegidas
Lo realmente grave de la actuación que realizaron los empleados de la empresa pública TRAGSA radica en que la matanza se desarrolló “en plena parada biológica de cría y reproducción de especies protegidas y cinegéticas”. Desde la Federación Extremeña de Caza recuerdan que especies protegidas presentes en el Parque Nacional de Monfragüe como son la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial ibérica están “en plena época de reproducción”, al igual que ejemplares que pueden ser objetivo de actividades cinegéticas.
Gallardo señala que el peligro para esas especies estuvo propiciado “por el importante trasiego de vehículos, personas y elementos necesarios que tuvieron que utilizarse” para llevar a cabo las actuaciones, ya que se recurrió al uso de jaulas y capturaderos que ocupaban un considerable espacio, así como a la utilización de armas de fuego y de pistolas de bala cautiva.
Otro hecho que ha soliviantado a los responsables federativos radica en que “no se han seguido criterios de selectividad de los ejemplares, lo que sin duda debería ser uno de los principios básicos de cualquier planificación de control”.
Tanto la Federación Española como la extremeña desconocen “el número exacto de ciervos y jabalíes que se han abatido en esas matanzas porque ni se ha avisado de que se iban a llevar a cabo ni se ha dado a conocer la cantidad de ejemplares cazados. La única información respecto a esas actuaciones nos ha llegado a través de personas de la zona”, critica Gallardo.
Esas actuaciones han llevado al presidente de la RFEC a exigir a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la modificación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, “para evitar que se repitan matanzas de animales de caza mayor”.
Gallardo exige, en concreto, que se modifique el artículo 7.3, apartado a), en el que se prohíbe la caza deportiva y comercial, con la finalidad de “que se permita esta actividad y no se cause un mayor daño ecológico, económico y social a los Parques Naturales y los pueblos de su entorno”. Señala además que “estamos estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales”.
Hipocresía
Las entidades relacionadas con la actividad cinegética ya alertaban de la situación que se avecinaba, al apuntar que la prohibición de la caza supondría “un golpe definitivo” para los habitantes de los municipios situados en el entorno de esos espacios, ya que supondrá “la ruina para una economía que, en gran medida, subsiste de esta actividad”, según señalaba Luis Fernando Villanueva, director general de la Fundación Artemisan.
Lo ocurrido en Monfragües es “un aviso de lo que va a ocurrir de inmediato en otros parques como en el de Cabañeros, ubicado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, donde se veía cazando hasta que finalizó la moratoria y donde es previsible que se produzca una explosión demográfica de ciervo y jabalí”.
La regulación de esas poblaciones requerirá la contratación de cazadores profesionales, con el consiguiente gasto que acarreará al erario público, y que deberían sumarse a los más de 320 millones de euros que serán necesarios para hacer frente a las indemnizaciones, según las estimaciones realizadas por Artemisan en base a diferentes informes periciales.
Pero si resulta llamativo en la actuación desarrollada en Monfragüe es “que las asociaciones ecologistas no hayan levantado la voz en ningún momento. Su silencio resulta clamoroso e hipócrita”, señala Gallardo. “Ha quedado claro que su objetivo no era que no se cazase, sino que su finalidad era que no hubiese actividad cinegética, porque regular las poblaciones de animales en los parques es absolutamente necesario”.
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