Una Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León y de los Delegados Territoriales de la Junta autoriza a los agricultores de la comunidad la quema de rastrojos, linderas y perdidos, como control preventivo de la plaga de topillos. Desde la Federación de Caza han manifestado la preocupación, tanto de cazadores como de los amantes de la naturaleza en general por la ola de incendios que vienen produciéndose de forma autorizada y no controlada derivados de esta Orden.
Desde la Federación no cuestionan la gravedad que podría suponer una nueva explosión demográfica de este roedor y las graves consecuencias económicas que tendría para el sector agrario, «pero no podemos consentir que, amparados en esta prevención, se ataque de nuevo el medio ambiente con medidas que en realidad se vuelven indiscriminadas por falta de control, como las actuales quemas y los tristemente recordados envenenamientos masivos que se produjeron con la clorofacinona y bromadiolona en la anterior plaga y que acabaron prácticamente con las liebres y perjudicaron muy gravemente a perdices, especies protegidas, etc.»
Por otro lado, se ha solicitado a Consejería de Agricultura la inclusión de técnicos de la Federación en dichos órganos de prevención y control de plagas para poder trasladar la opinión de la entidad «como afectados que somos con sus medidas. En este escenario cabe menos aún que en otros que el fin pueda justificar los medios. El fin nadie lo discute, pero los medios son muy discutibles porque en el camino se nos queda la naturaleza, las especies y en general el medio ambiente».
Lo que demandan los cazadores es un poco de sensibilidad medioambiental por parte de la Consejería de Agricultura en sus actuaciones que, según ellos, «debieran ser ejercidas por personal formado al efecto y no por los propios interesados que, como es lógico, velan únicamente por sus rendimientos agrarios y ganaderos que, en los casos de las quemas, chocan frontalmente con la conservación de la naturaleza».
Desde la Federación consideran que «dar cobertura legal a estas prácticas sin establecer un control exhaustivo de cómo, cuándo y hasta dónde llegan las autorizaciones, nos puede llevar a situaciones tan aberrantes para la naturaleza como las ocurridas hace unos años.
La eliminación de la clorofacinona como rodenticida y el protocolo que se ha establecido en la actualidad para la utilización de la bromadiolona nos demuestra que la propia Administración reconoce que se hicieron las cosas mal. No obstante se sigue insistiendo en dejar en manos de personal no cualificado e interesado algo tan dramáticamente importante sin tener los medios de policía que garanticen su buen fin. Conocemos el interés, como no podía ser de otra forma, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene en este tema y sus contactos con la Consejería de Agricultura instándole al control de estas autorizaciones».
Finalmente exigen a las Administración que vigile con sus agentes forestales y autoridades competentes el correcto uso de estas autorizaciones de quemas controladas y la colocación del veneno según el protocolo establecido y con una praxis adecuada. «Demandaremos responsabilidades a quien incumpla cualquiera de ellas o no las tutele en el uso de su responsabilidad y, si es preciso, aquellas que afecten el bolsillo del ciudadano, con la reducción o eliminación de ayudas de la PAC, que precisamente se conceden con condiciones y criterios de conservación del medio ambiente», explican.
Sorprende a los cazadores también la actitud y nulo posicionamiento público de las organizaciones ecologistas en este tema «cuando vienen haciendo gala, alguna de ellas en concreto, de actuaciones judiciales contra la caza y no reclamen de la Administración ni demanden ante la sociedad la buena práctica en una cuestión que ataca de raíz a la naturaleza y no la caza, una actividad regulada, ordenada y que contribuye al equilibrio de las especies y los ecosistemas».
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