En Andalucía se perderían 47.700 puestos de trabajo y 3.500 millones de euros anuales. La Federación Andaluza de Caza (FAC) pide a la Junta mayor apoyo y que cumpla sus compromisos
Destrucción de 47.700 puestos de trabajo y pérdidas millonarias que rondarían los 3.500 millones de euros al año. Estas serían las consecuencias de la prohibición de la actividad cinegética en Andalucía, la segunda más rentable de la comunidad por detrás de la agricultura, según datos del estudio del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa). Pero esos son solo los efectos en el plano económico. Hay más. Las consecuencias del fin de la caza impactarían, asimismo, en la salud pública, con la expansión de enfermedades de origen animal por el crecimiento descontrolado de especies. Valga solo un ejemplo. Andalucía está en emergencia cinegética por los riesgos de la sobrepoblación de jabalís, de forma que la Consejería de Agricultura y Pesca ha reconocido la caza como una herramienta fundamental de gestión de esta especie y del cerdo asilvestrado, pues están provocando daños en la agricultura y más grave aún, el avance de diversas enfermedades, entre ellas la Peste Porcina Africana. En Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, además, la Junta ha adoptado medidas excepcionales para el control del conejo silvestre.
Por estas importantes funciones que cumplen los cazadores, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, hace un llamamiento al Ejecutivo de Juanma Moreno para que apoye con más contundencia al sector cinegético ante el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal que propone el Ministerio de Derechos Sociales. «Esperemos que la Junta esté con nosotros y defienda nuestros intereses porque, de tener esta ley luz verde, la práctica de la caza estaría prácticamente prohibida».
El texto de Unidas Podemos pretende cambiar la consideración de maltrato animal, extendiendo la actual cobertura –que solo afecta a animales domésticos– a todos los «animales vertebrados». Esta propuesta, denuncian desde la FAC, es una forma encubierta de prohibir la caza en España, por la enorme inseguridad jurídica que genera a los ciudadanos que practican la actividad cinegética.
Desde esta federación recuerdan que los riesgos de paralizar la caza ya se vislumbraron cuando el Gobierno decretó el confinamiento domiciliario por la pandemia de Covid. Algunas comunidades, como la andaluza, tuvieron que otorgar un permiso especial a los cazadores para que reanudaran la actividad para el control de daños en zonas de alta densidad de fauna cinegética, dados los destrozos en las tierras agrícolas, y las imágenes de jabalís y ciervos campando a sus anchas por algunos núcleos urbanos. Ante el anteproyecto de ley de Unidas Podemos, la FAC saca a colación el apoyo de la población andaluza hacía la actividad cinegética.
Según un estudio realizado por GAD3 para la fundación Artemisan –con una muestra de 3.286 ciudadanos de Andalucía que fueron entrevistados telefónicamente–, el 60 % de la población considera la caza una actividad necesaria y otro 60% cree que es generadora de empleo en el medio rural. Estos datos se encuentran también por encima de la media nacional (del 54 % y el 49,5% respectivamente). Seis de cada 10 andaluces, además, opina que los cazadores contribuyen a la protección animal y del medio ambiente y, más aún, el 72% apoya la caza como una herramienta fundamental para el control de poblaciones.
Promesas incumplidas
En abril de 2019, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, firmó con el presidente de la FAC un acuerdo que recoge ocho puntos que reflejaban el compromiso del Gobierno Andaluz con el sector y que daban respuesta a las demandas realizadas por la Federación Andaluza de Caza. El impulso y la defensa de la caza en Andalucía, el apoyo al Silvestrismo, la declaración de la Montería y la Rehala como Bien de Interés Cultural (BIC), la potenciación del Instituto Andaluz de la Caza, la unificación de criterios en las delegaciones territoriales de la Consejería de Desarrollo Sostenible o la reducción de la burocracia son puntos que se recogen en el documento. No obstante, dos años después, lamentan desde la FAC, no se ha movido prácticamente nada. «Es cierto que ha habido una pandemia de por medio, pero el único punto que se ha cumplido ha sido la declaración de la Montería y la Rehala como Bien de Interés Cultural», declara Mancheño. Sin embargo, «no se han destinado, por ejemplo, más recursos para el Instituto Andaluz de Caza. No nos sentimos atacados por la Junta, pero sí es cierto que temas que preocupan a los cazadores siguen sin tener solución». En ese sentido, apunta el presidente de la FAC «se ha agravado la insuficiencia de recursos en el Instituto Andaluz de Caza y sigue sin haber un desarrollo reglamentario de la Ley de Flora y Fauna Silvestre, que empezó a actualizarse en 2017. En otros asuntos, directamente, se ha producido un retroceso, como con el tema de la caza en mano del jabalí con rifle, que la Junta no autoriza pese a ser una modalidad muy arraigada en las comarcas jiennenses de Cazorla, Segura y Las Villas». «El apoyo que expresa la Junta de Andalucía hacía el sector cinegético no se materializa», afea Mancheño. «Estamos desinflados, pensábamos que los acuerdos irían mucho más rápido», apostilla.
Fuente. larazon.es
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