Las cuatro regiones ‘loberas’ consideran que el borrador del Ministerio presentado ayer no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad.
El veto a la caza y gestión del lobo en toda España se encuentra con un nuevo escollo pese a los intentos de sacarlo adelante por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. La mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, hasta un total de 11, rechazaron anoche en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el borrador de la estrategia que debe articular el nuevo estatus legal del lobo. Al no haberse aprobado, no se podrá elevar el documento para su aprobación definitiva, al menos por el momento.
Actualmente, la orden ministerial que categoriza al lobo como especie protegida en todo el territorio nacional se encuentra en la Audiencia Nacional, tras ser recurrida por las cuatro comunidades que albergan el 95% de la población de estos cánidos, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia.
Pero además de esta orden ministerial, era necesario aprobar una nueva estrategia nacional acorde, ya que la actual, de 2005, choca con el nuevo criterio de protección impulsado desde el Gobierno. Se da la paradoja de que en este momento no solo no se pueden gestionar las poblaciones al norte del Duero, sino que los ganaderos afectados por los ataques del lobo en esta zona no pueden optar a compensaciones.
Las comunidades rechazan la estrategia del Gobierno contra la caza del lobo, salvo que sus redactores «consideren que las actividades del medio rural son una de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestro país», argumentan. «Algo que rechazamos de forma rotunda», han remarcado este sábado en un comunicado.
También denuncian que el borrador de la estrategia no indica la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen y solicitan la elaboración, desde cero, de una nueva estrategia en la que sí sean partícipes de su elaboración, «como siempre se ha hecho», indican fuentes presentes en la reunión.
La decisión es «una demostración de que no se puede avasallar a las comunidades, de que no se puede funcionar así», ha opinado este sábado el consejero de Desarrollo Rural cántabro, Guillermo Blanco. «Ojalá sirva para que el Ministerio reflexione, aunque mucho dudamos que la ministra, Teresa Ribera, y su equipo sean capaces de ver mas allá que los intereses políticos a corto plazo», ha dicho.
Las comunidades más afectadas por la decisión critican desde hace meses que el procedimiento que ha seguido Transición Ecológica ha sido el inverso al habitual: antes de prohibir la caza del lobo en todo el país como se ha hecho era necesario crear una estrategia de gestión con la participación de todas las autonomías y elaborar un censo para conocer la situación la actual de las poblaciones del lobo, algo que todavía no se ha hecho.
Régimen competencial
«El documento presentado a la consideración de la Comisión Estatal carece en estos momentos de sentido porque, además de que muchos de sus contenidos podrían vulnerar el régimen competencial establecido en nuestro país y, por tanto, resultar ineficaces, se construye sobre una decisión ya adoptada por parte del Ministerio y que resulta crucial para la gestión de cualquier especie, como es su estatus legal», han señalado las comunidades ‘loberas’.
Transición Ecológica aún puede convocar una nueva reunión y presentar un nuevo borrador o intentar cambiar el sentido de voto de algunas comunidades, aunque los plazos para lograrlo antes de que acabe el año son ya muy ajustados, opinan fuentes consultadas por ABC. El motivo de la urgencia en este sentido radica en que la orden ministeral que prohíbe la caza del lobo y que ya está aprobada fija que la consecución de la estrategia nacional debía producirse «antes del 31 de diciembre de 2021». Después de este plazo, quedarían en el limbo también las disposiciones transitorias que fijaba la orden.
Fuente. ABC
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