Con esta sentencia, la Federación Catalana de Caza, ha indicado que el proceso judicial sobre la legalidad de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Caza se encuentra vigente en fase procesal de alegaciones; justo lo contrario que ha informado la entidad estatal en una reciente nota de prensa.
Reproducimos la carta enviada a los medios por la Federación Catalana de Caza:
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 7 con sede en Madrid está tramitando el recurso nº 74/ 2012 interpuesto por la Federación Catalana de Caza contra la resolución de fecha 3 de octubre de 2012 dictada por la Junta de Garantías Electorales que inadmitió por extemporáneo el recurso que dicha Federación presentó contra la negativa a la (re)distribución de los miembros por estamentos de la asamblea general de la Federación Española de Caza, una vez la Junta Electoral federativa por acuerdo de 24 de setiembre de 2012 incluyó en el censo electoral definitivo 394 sociedades de caza y 22.590 deportistas pertenecientes a la circunscripción electoral de Cataluña, omitidos en el censo inicial acompañado a la convocatoria de elecciones.
Este recurso tiene por finalidad la realización de una nueva distribución de los miembros de la asamblea general a la luz de los censos definitivos aprobados por la Junta Electoral y la retroacción del proceso electoral a dicha fase, con nulidad de todos los actos posteriores a la misma, incluida la elección del presidente de la Federación.
Paralelamente al recurso citado, se pidió también la medida cautelar de suspensión del proceso electoral atendido que en la fecha de su interposición aún no se habían celebrado las elecciones a presidente, habiendo resuelto ésta petición el Juzgado Central nº 7, desestimándola, afirmando que “la finalidad del recurso contencioso-administrativo ni se ve frustrada ni alterada (con la denegación de la medida cautelar de suspensión del proceso), pues al término del mismo, y en el caso de su estimación puede acordar la nulidad de la actividad administrativa no conforme con el ordenamiento jurídico con las consecuencias que dicha declaración comporta”- sic-.
Por todo ello, y muy contrariamente a lo informado por la Federación española en su reciente nota de prensa, el proceso judicial que en su momento resolverá sobre la legalidad de las elecciones, en la actualidad se halla plenamente vigente en fase procesal de alegaciones, hallándose abierta cualquier posibilidad sobre su resultado, sin que las afirmaciones realizadas de contrario por la Federación española desvirtúen un ápice esta realidad.
Algo de lo dicho anteriormente debe preocupar a los actuales gestores de la Federación cuando en la nota de prensa aludida se dice que “se presentará acciones contra todas aquellas personas o entidades que manifiesten, proclamen o insinúen irregularidades en la composición de los órganos de gobierno o representación de la RFEC”, y cuando se ha incoado un expediente sancionador federativo por el ejercicio de los derechos constitucionales de expresión e información que, a tenor de la nota de prensa, pretenden suprimirse desde la Federación.
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