La Federación de Caza de Castilla y León califica de «bestial» la subida del 60% que este año ha realizado la Junta de la Comunidad en la tasa por expedición de la Licencia de Caza. Desde el colectivo también se quejan de «la falta de aplicación de los acuerdos con otras Comunidades Autónomas para validar mutuamente las licencias». Esas son las principales cuestiones que manifiestan desde la entidad, a través de un comunicado enviado a los medios en el que también reiteran «el desprecio a la actividad cinegética que estas acciones demuestran».
«Las tasas según nuestra Ley de Tasas y Precios Públicos, en su art. 6 son definidas como ???aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización de un dominio público, así como en la prestación de servicios o la realización de actividades que beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.???
Las tasas, a diferencia de los impuestos, siendo ambos tributos, deben mantener el principio de equivalencia, es decir, como máximo deben sufragar el coste del servicio o aprovechamiento que prestan, debiendo contar para su cuantificación de un informe económico-financiero que lo justifique. En nuestro caso la subida del 60%, debería haberse justificado porque o bien se ha incrementado el coste del servicio de expedición, lo que parece raro, o lo más probable, lo que de verdad está ocurriendo, que han disminuido las licencias expedidas, y en este caso en aras de una óptima gestión debería haberse ajustado el coste del servicio a su utilización.
Con relación al acuerdo con otras Comunidades seguimos igual, con buenos propósitos, y parece que pendientes del consenso en determinar cuánto se va a cobrar por esas homologaciones.
Contra ambas actuaciones de nuestra Administración hemos escrito innumerables artículos y transmitido otras tantas quejas, que creo nos están apartando de lo que debería ser la principal reivindicación de nuestros representantes en el siglo XXI, ¿por qué, la renovación anual de la licencia de caza?
Por un lado la citada Ley de Tasas define la Licencia de Caza como el documento que acredita la habilitación del titular para practicar la caza en Castilla y León y por otro la definición de tasa que hemos mencionado anteriormente, (dominio público).
La unión de ambos conceptos nos permite deducir que el importe de la tasa solo sirve para pagar el teórico coste de su expedición, porque al haber suprimido la Ley de Caza autonómica los terrenos libres no existe la utilización gratis de un dominio público y el resto de actividades y servicios son más de control y supervisión, por lo que en todo caso sería obligatoria su realización.
Pero si nos cuestionamos el por qué de una renovación anual de la licencia de caza, que es lo que ocasiona el gasto, excepto quizá el conocer el número de cazadores que la han sacado, poco más aporta, porque la acreditación de la habilitación que figura en su definición, una vez concedida por primera vez, no hay que realizar nunca más otro tipo de pruebas ni siquiera físicas, y como tampoco lleva fotografía con una única expedición y el pago de su tasa sería suficiente sin más burocracia y con un enorme ahorro para la Administración que por lo visto pierde y para los administrados.
Se puede alegar que en el supuesto de sanción administrativa de pérdida de licencia, en la actualidad teóricamente no se expide la nueva. Esto es tan fácil de solucionar como lo que ocurre con el carnet de conducir, a la finalización del expediente sancionador se retira físicamente la licencia que se devuelve al finalizar el período sancionado.
El teórico seguimiento (inexistente), que actualmente puede realizar la Administración con el número de licencias expedidas, en realidad solo sirve para calcular el coste de la tasa porque un documento que es igual para el cazador de un pueblo que caza todos los días en su coto y para el foráneo que asiste una vez a un rececho, poca información útil puede suministrar.
Suministrar esta misma información de una manera muchísimo más económica y con destino de los recursos obtenidos no a burocracia sino a mejorar la caza en su sentido más amplio, hábitat, especies, cazadores, etc, puede lograrse fácilmente, sin renunciar la Administración a esa primera habilitación, suprimiendo las renovaciones anuales y cambiándolas por la pertenencia por ejemplo a la Federación de Caza o entidad similar que persiga los mismos fines.
Si realmente (o eso parece) la Junta de Castilla y León no obtiene, como debe ser, un beneficio económico de la actual situación, no debería poner objeciones a esta propuesta que le elimina unos gastos burocráticos que todas las administraciones manifiestan querer suprimir y permitiría destinar más recursos al desarrollo de una actividad que así mismo continuamente nos transmite su voluntad de fomentarla.
Al extenderse este procedimiento al resto de Comunidades Autónomas, empezaríamos a gestionar con los criterios de eficacia que serán los únicos que nos saquen de la situación en que nos encontramos.
Y al llegar a este punto se nos cae el cántaro y mucho me temo que tendremos que seguir como estamos, soñando».
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Y que hace la federacion al respecto ?????? para que estais ??? a quien defendeis ??? en castilla y leon sobran los federativos,me remito a los hechos……………no valeis para defendernos