La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de llevar a cabo modificaciones de las normas comunitarias con el objeto de introducir nuevas restricciones para combatir el tráfico ilícito de armas.
En nombre de la DG de Interior de la Comisión Europea, Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) está llevando a cabo un Estudio para apoyar una evaluación de impacto sobre las opciones para la lucha contra el tráfico ilícito de armas en la Unión Europea.
Este trabajo trata, en resumen, de examinar el marco legal existente para luchar contra el tráfico ilícito de armas e identificar las posibilidades de acción a nivel de la UE para reforzar las medidas para luchar contra el problema armonizando las disposiciones penales.
En el marco del estudio están contactando, en cada uno de los Estados miembros de la UE, con representantes de las autoridades nacionales, Ministerios del Interior, Ministerios de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de asociaciones de fabricantes de armas, académicos y otros expertos para solicitar su colaboración en el mismo a través de una serie de entrevistas; principalmente para recopilar información sobre el problema del tráfico ilícito de armas en su país y el marco legal vigente.
La Asociación Armera ha sido consultada siendo nuestra postura la mantenida hasta la fecha, es decir, no agravar una coma la legislación, ya suficientemente estricta y encorsetadora de la labor de fabricantes, comerciantes y usuarios:
– No es necesario aumentar la regulación nacional o europea, esto sería claramente contraproducente.
– En la actualidad ya existe un exceso de regulación. Aún no se ha desarrollado y aplicado plenamente la regulación europea.
– Se hace necesario optimizar recursos y focalizarlos en cuestiones prioritarias.
– La regulación y control de cuestiones secundarias desvía recursos y comporta graves riesgos al no poder destinarse dichos recursos a los verdaderos riesgos para la seguridad ciudadana.
– No es necesaria mayor regulación, pero sí se puede desarrollar eficazmente la actual normativa:
o Cooperación transnacional: es prioritario que todos los responsables nacionales en materia de control de armas de fuego legales, tengan acceso a la información del resto de Estados Miembros. Ello dará seguridad, ahorrará recursos y facilitará el comercio legal y el uso legal de armas civiles y deportivas.
o Implantación de sistemas informáticos y telemáticos: no podrá llegarse a un correcto control si el mismo no se basa en un sistema digital y telemático.
o Homogeneización Europea en el sistema de los Bancos de Pruebas: es conveniente que se generalice a todos los Estados Miembros el sistema de Bancos de Prueba CIP y que dichos Bancos integren sus bases de datos con las del resto de autoridades y con las de los operadores del sector.
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