En una nota de prensa emitida por el ente foral el pasado 21 de marzo, la Diputación de Gipuzkoa asegura que ???seguirá trabajando para que todo el monte Ulia siga siendo zona de seguridad???. La administración destaca que tras haberse conocido la semana pasada la sentencia del TSJPV en la que se anulaba la orden foral que declaraba Ulia zona de seguridad, estimando el recurso de la Federación Gipuzkoana de Caza, iniciará un nuevo proceso ???con todas las garantías jurídicas??? para prohibir la caza.
Desde la Diputación se indica que dicha sentencia ???se basa en defectos de forma y que no entra a valorar el fondo de la orden foral???. Según la nota de prensa, ???las decisiones de los plenos municipales de Donostia y Pasaia y de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en las que se solicitaba esa declaración de zona de seguridad, representaban suficiente garantía de que el deseo de mayoría de la ciudadanía estaba siendo atendida???, desoyendo la petición unánime del colectivo de cazadores, que se mostraba completamente contrario a la decisión.
La prohibición de cazar en el monte Ulia se hizo efectiva en 2012, con la publicación de la orden foral de 26 de julio, de declaración de zona de seguridad para la caza en parte de los términos municipales de Donostia y Pasaia. Meses antes, en noviembre de 2011 se llevaron a cabo importantes concentraciones de cazadores frente al consistorio de Pasaia y frente a la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe
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Decir que antes de la prohibición en el termino municipal de Donosti en Ulia era zona de seguridad y se podía cazar, los días de entre semana en horario legal y los sabados, domingos y festivos hasta las diez de la mañana, y en el termino municipal de Pasaia en horario normal.
La decisión de la prohibición de la caza en Ulía fue y es politica, al menos con la petición del ayuntamiento de Pasaia, la de Donosti fue pedida si mal no recuerdo con el anterior consistorio y las Juntas Generales se lo negaron, eso sí se prohibió cazar en los terrenos de propiedad municipal. La prohibición que se hizo efectiva hace dos años no pasó por Juntas Generales, fue una decisión del actual gobierno de Bildu sin contar con ningún grupo politico.