La
Ley de Parques
Nacionales que hoy se
vota en el Senado ha
despertado el
malestar del colectivo
de cazadores. Los
representantes de la
Oficina Nacional de la
Caza, entidad
aglutinadora del
sector
cinegético,
han querido
manifestar el
profundo malestar del
sector
cinegético
ante la propuesta
presentada, la cual
consideran una
“chapuza&rdqu
o; y una
cesión
intolerable ante las
amenazas de los
grupos ecologistas.
Desde la
ONC han querido
dejar claro que la
postura del sector
cinegético
nunca ha sido
liberalizar la caza en
todos los Parques
Nacionales de
España, pero
aseguran que no
tiene ningún
sentido que en
espacios como Picos
de Europa o los casos
de Cabañeros
Monfragü
e, cuyo hábitat
mediterráneo
obliga a realizar un
control de las
poblaciones
cinegéticas
existentes, la caza se
deba esconder bajo
eufemismos como el
“control
poblacional”
con el único
objetivo de no herir la
sensibilidad de
grupos ecologistas, o
el de una sociedad
urbana malinformada
por esos mismos
grupos anticaza y
completamente
alejada de la realidad
rural.
Asimismo,
los representantes de
cazadores y
propietarios
preguntarán
públicamente
al Gobierno si, de
aprobarse la Ley,
serán los
propios ecologistas o
los funcionarios
públicos los
que cacen, o se
tendrá que
contratar con cargo al
erario público
a las personas que
deban controlar las
poblaciones de
animales de estos
espacios. Poblaciones
cuyo crecimiento
exponencial, en el
caso de no cazar,
provocará una
gravísima
alteración del
hábitat,
amén de
generar, como ya
está
ocurriendo, un
incremento de las
enfermedades y
epizootias en los
Parques Nacionales.
También,
gracias a esta
concesión que
el Gobierno parece
haber realizado a los
grupos ecologistas, se
incrementarán
drásticamente
los accidentes de
tráfico en
carretera en las
inmediaciones de los
Parques Nacionales,
con el consiguiente
riesgo de
pérdida de
vidas humanas que
ello implica.
Mientras
tanto, a los
habitantes de los
municipios rurales
implicados en los
Parques Nacionales,
cuyo modus vivendi
dependía en
gran medida de la
actividad
cinegética, se
les eliminará
una de sus principales
fuentes de ingresos
en un momento en el
que la
economía en
el medio rural es de
subsistencia, y se
cercenará su
libertad de decidir si
cazan o no en sus
zonas de nacimiento
y residencia.
La ONC
también ha
querido denunciar
públicamente
que, como
consecuencia de esta
concesión del
Gobierno a los grupos
ecologistas, y en un
momento de crisis
como el que
está
padeciendo el
país (en el
que los ciudadanos
sufren recortes en
temas tan
importantes como
Sanidad o
Educación), el
Estado tendrá
que pagar con el
dinero de todos los
españoles
verdaderas fortunas
para indemnizar la
prohibición de
la actividad
cinegética.
Esta política es
absolutamente
contradictoria,
máxime
cuando la caza ya
estaba generando
toda una
economía en
estos municipios.
Para la
Oficina Nacional de la
Caza, la
sumisión del
Gobierno ante los
ecologistas no viene
en ningún
caso marcada por
criterios
técnicos o
científicos,
sino más bien
por la
situación de
incertidumbre
política vivida
en el país y
por el propio Partido
Popular, cuyas
elecciones
autonómicas a
corto plazo han
marcado el devenir de
la ley. Aunque tal y
como ha declarado su
presidente, Juan
Antonio Sarasketa:
“Creo que esta
vez el Gobierno no
está midiendo
bien el alcance de
esta decisión,
carente de
fundamento
científico,
económico y
social. La
política de un
estado debe de estar
por encima de los
titulares amarillistas y
demagogos de los
grupos ecologistas,
tan alejados de la
realidad rural. Esta
chapuza de Ley que
llega hoy al Senado
perjudica
directamente a un
millón de
ciudadanos en
nuestro país y
a todos los habitantes
que viven en el
entorno de los
Parques Nacionales, y
así se lo
haremos saber desde
la Oficina Nacional de
la Caza a nuestros
representados. El
Gobierno
tendrá que
asumir las
consecuencias de sus
actos si finalmente
aprueba ese
texto”.
Sarasketa ha
solicitado una
reunión de
urgencia con la
Ministra de
Agricultura, Isabel
García
Tejerina, donde no
sólo
pedirá las
explicaciones
oportunas del
desarrollo de esta
Ley, sino que
pondrá encima
de la mesa el marco
del desarrollo de dos
leyes básicas
para el futuro de la
actividad
cinegética en
España: la Ley
del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad y la
Ley de Montes, donde
la ONC tomará
una postura muy
distinta a la de
colaboración
mostrada hasta la
fecha.
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