Durante la pasada semana tuvo lugar en Quito (Ecuador) la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), un ente en el que se debaten las líneas de actuación para la defensa de la vida salvaje a nivel internacional. Su última convención fue utilizada por los grupos ecologistas (en especial SEO Bird Life), para intentar aprobar un documento que pretendía imponer la prohibición de la munición de plomo a nivel internacional, algo que fue rechazado de pleno por la Unión Europea en un primer momento dada la carencia de argumentos y solidez científica del informe presentado.
El argumentario de SEO Bird Life sostiene barbaridades tales como que este tipo de cartuchos provocan un envenenamiento en masa de las aves migratorias, que existe una alternativa real a este tipo de cartuchos o que la experiencia de esta medida en Dinamarca demuestra que es viable, a pesar de que el caso de Dinamarca no puede establecer similitud ninguna con países como España, Francia, Inglaterra o Italia, máximas potencias cinegéticas dentro de la Unión Europea.
Tras una serie de negociaciones, la UE apoyó el texto a condición de que se eliminase la obligatoriedad de vetar el plomo, dejando esta medida como una simple recomendación para que sea cada estado el que decida si prohíbe o no el uso de este tipo de munición.
Países tan importantes en materia cinegética y ambiental como EEUU ni siquiera suscribieron esas recomendaciones, argumentando que no quieren privar a sus ciudadanos de la libertad de usar este tipo de munición, a sabiendas de que no es tan nefasta como intentan hacer creer las organizaciones ecologistas. Inglaterra, Francia e Italia también han manifestado a lo largo de la pasada semana su intención de no adoptar esta drástica decisión al considerarla carente de sentido y ya estar suficientemente regulado el uso del plomo, prohibido en todos los humedales. Resulta especialmente llamativo el caso de Finlandia, un país de reputado compromiso medioambiental que ya prohibió esta munición hace años y poco después tuvo que volver a permitir su utilización. A día de hoy desaconseja a la comunidad internacional adoptar esta medida.
Con respecto a España, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero sí ha indicado a la ONC que no se trata una medida vinculante y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para abordar el tema en el que se encuentren todas las partes implicadas.
Precisamente a este respecto se ha manifestado Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Oficina Nacional de la Caza, quien ha señalado que es falso que los grupos ecologistas se hayan reunido con el sector industrial, tal y como estos defienden en su informe: “Las organizaciones ecologistas jamás han hablado con la industria cartuchera española o europea y han presentado informes carentes de cualquier rigor para avalar la prohibición del plomo en la caza. El millón de españoles a los que les afectaría esta medida no entenderían que la Administración regulase la actividad cinegética en virtud del deseo de aquellos que quieren acabar con ella y que jamás la van a practicar, porque en muchos casos la odian”.
Para el presidente de la ONC asumir la intentona ecologista sería cercenar la libertad de los españoles sin beneficio alguno para el medio ambiente: “SEO Bird Life sabe que si prohibe el plomo habrá conseguido borrar del mapa a varios cientos de miles de ciudadanos que practican la caza, una actividad que ellos detestan, por eso este objetivo figura en su hoja de ruta desde hace décadas”. Además ha señalado: “Si esto se aplicase en España lo que se conseguiría es que el 80% de los cazadores, que son gente humilde, tuvieran que abandonar la caza, porque la munición alternativa que proponen las organizaciones anticaza, además de ser muy deficiente, es inasumible: hasta 15 veces más cara que el plomo. Quieren que la caza se convierta en un lujo solo para ricos. Pero no se lo vamos a permitir”.
La Oficina Nacional de la Caza ya está trabajando para aclarar definitivamente este tema y alejar la incertidumbre de un sector profundamente arraigado en la cultura, la sociedad y la economía españolas. Juan Antonio Sarasketa ha señalado: “Empezamos a estar cansados de tanto deseo de prohibición, de imposición, de grupos anticaza que tienen que irse al otro extremo del planeta para intentar conseguir acabar con las libertades y el derecho a decidir de los ciudadanos de sus países. La realidad española no está en Quito, ni en Dinamarca ni en Bruselas. Está en España, con los españoles”. Y ha sentenciado: “lo cierto es que la paciencia del millón de cazadores españoles está llegando a su límite, por eso exigiremos al Gobierno una postura clara y tajante con respecto a este tema, para nosotros es una cuestión de vital importancia y no estamos dispuestos a asumir medias tintas”.
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