La nueva Ley
de Caza que tramita el
Parlamento aragonés
fue abordada ayer en el
programa ‘Tribuna
Abierta’ de ZTV con la
participación del
presidente de la
Federación Aragonesa
de Caza, Fernando Tello, y
los diputados Miguel
Ángel Lafuente (PP),
Alfonso Vicente (PSOE) y
Miguel Aso (IU).
En general, el debate
reveló el alto grado
de consenso existente sobre
el fondo de la nueva
regulación, centrado
en gran parte en la
corrección de los
daños agrícolas
producidos por las especies
cinegéticas. En este
sentido, Tello recordó
que se ha recogido su
demanda fundamental de
que los agricultores
comuniquen obligatoriamente
los daños por la fauna
«con un tiempo prudente,
mayor para los cereales que
para los frutales». De esta
forma, explicó, se
solventa la
«indefensión» a la
que a menudo se
veían sometidos los
cazadores de cargar con el
coste de los daños sin
haber tenido siquiera
oportunidad de intervenir
antes de las cosechas.
Aso cuestionó el
alcance real del consenso,
porque –dijo–,
no se ha pactado con IU ni
otros grupos políticos
y tampoco con
organizaciones ecologistas ni
ha recogido sugerencias de
entidades de derecho
público como los
colegios profesionales de
Biólogos o de
Ingenieros Técnicos
Agrícolas. Pero
Lafuente –con quien
mantuvo un especial cara a
cara durante el debate, por
otra parte relajado y
amistoso–, le
replicó que, aparte
del amplio acuerdo patente
en esa misma
reunión como
reconoció el propio
representante de IU, la
nueva ley también
había obtenido el
visto bueno de organismos
plurales y determinantes en
este asunto como los
consejos de Caza y de
Protección a la
Naturaleza.
Mientras Vicente puso
objeciones formales porque
esta ley «continuista» no
requería una
revisión total, sino
una mera
modificación, Aso
recordó que su grupo
ha presentado una enmienda
de filosofía a la
totalidad por considerar que,
además de ser
innecesaria, la nueva ley «da
una vuelta de tuerca en la
dirección de potenciar
una economía
insostenible» tanto con la
agricultura intensiva como
con la propia actividad
cinegética.
El diputado de IU
contribuyó a matizar
que, si bien la caza mayor ha
experimentado una
explosión
demográfica, en la
caza menor ha ocurrido lo
contrario. Algo que
aún afinó
más el presidente de
los cazadores al puntualizar
que especies como el conejo
apenas se ven en unas zonas
mientras en otras hay
«auténticas plagas».
En todo caso, recalcó,
«ese descenso de la caza
menor no se puede achacar a
los cazadores», sino al uso de
herbicidas, insecticidas o
semillas blindadas y a otros
factores ajenos al coletivo,
que es el primero en
autolimitarse, especialmente
con la perdiz, la reina de
esta modalidad.
En la misma
línea, Vicente, que
además de diputado
y exconsejero es un reputado
cazador, recalcó el
autocontrol de este colectivo
y apuntó que no se
les puede culpar de que
vengan menos codornices,
porque «también
vienen menos golondrinas y
los cazadores no las
matamos». Un punto donde
el acuerdo fue total es el
papel clave del conejo como
base de la cadena
trófica, por lo que
habría que prestarle
especial atención
desde todos los
ámbitos.
Por otra parte, la ley
autonómica recoge
las previsiones de la nueva
ley estatal de Tráfico
respecto a la responsablidad
en caso de accidentes: del
conductor en primer lugar, de
Obras Públicas si la
vía no está
debidamente
señalizada o vallada, y
de los cazadores sólo
hasta doce horas
después de hostigar a
la fauna con perros o
batidores. Aunque en
Aragón los cazadores
tienen el «privilegio» de que
la DGA asume
también esos gastos
a cambio del incremento de
tasas y licencias aplicado en
su día.
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