La Real
Federación
Española de
Caza (RFEC)
está a punto
de desintegrarse. El
pulso que su
presidente,
Andrés
Gutiérrez,
mantiene con ocho
federaciones
autonómicas –
que responden a la
denominación
F8- le ha llevado a
una situación
de colapso
económico
que, entre otras
medidas, ha
provocado ya lo
primeros despidos de
trabajadores. Desde
el F8 acusan a
Gutiérrez de
haber llevado a cabo
unas elecciones
«fraudulentas» en
2012 y de no acatar
la sentencia firme de
la Audiencia Nacional,
de marzo de 2014,
que le obligaba a
repetir los comicios.
Posteriormen
te, en diciembre del
año pasado, el
presidente de la RFEC
convocó
elecciones, pero
teniendo en cuenta el
censo del año
2014 y no el de 2012.
Ese fue el motivo por
el que la convocatoria
fue anulada por el
Tribunal
Administrativo del
Deporte, instando al
mismo tiempo a la
federación a
repetir los comicios.
Tras todos
estos
incumplimientos, la
gota que ha colmado
la paciencia de los
representantes del F8
ha sido un reciente
comunicado publicado
en la web de la RFEC
en el que
responsabilizan a
estas ocho
federaciones
autonómicas
de las «tristes y
repugnantes»
medidas que han
tenido que tomar
como consecuencia
del «asfixiante
ahogamiento
económico» al
que le han sometido
durante dos
años y medio.
Desde el F8 niegan
estas acusaciones y
explican que son
argumentos que «no
tienen ningún
sentido» y cuyo
único objetivo
es «despistar para
que no se hable de la
mala gestión
de Gutiérrez».
REPRESENTA
CION. Las
Federaciones de Caza
que conforman el F8
son Andalucía,
Aragón,
Castilla-La Mancha,
Castilla y
León,
Extremadura,
Cataluña,
Navarra y Galicia.
Pese a aglutinar a
más del 70%
de los federados de
todo el Estado, la
representación
que les otorgó
la junta directiva
presidida por
Gutiérrez, de
la que
también
formaba parte por
aquellos días
el presidente de la
Federación
vasca, José
Mari Usarraga, era
inferior al del 30%
restante.
«No voy a
señalar a nadie
-subraya el
presidente de la
Federación
catalana, Paco Piera,
en relación a
Usarraga- pero lo que
está claro es
que Gutiérrez
necesitó
cómplices para
llevar a cabo aquel
proceso y todos
aquellos que
aceptaron tener
más
asambleístas
de los que les
correspondían,
sin decir nada, no
pueden hacerse los
tontos ahora».
De hecho,
desde el F8 ya se
remitió en
marzo al Consejo
Superior de Deportes
(CSD) un texto en el
que se le
advertía de
que llevaban «tres
meses de
negociaciones
tratando de
desbloquear la
crítica
situación en la
que se encuentra
instalada la RFEC». En
estas reuniones
propusieron a
Gutiérrez
«hacerse cargo del
pago de los salarios
pendientes del
personal laboral de la
RFEC» para que estos
trabajadores no se
vieran «perjudicados
por la
irresponsabilidad de
los gestores» de la
Federación
española.
La
única
condición que
ponían era
que se acatara la
sentencia de la
Audiencia Nacional y
se repitieran las
elecciones. «Esas
propuestas han sido
sistemáticame
nte rechazadas
poniendo como
condición para
la celebración
de un nuevo proceso
electoral que se
abonara a la RFEC
una cantidad que
oscilaría entre
250.000¤ y
450.000¤, con
la que
pretendían
hacer frente,
fundamentalmente, al
pago de los
honorarios
profesionales de
letrados y a otros
conceptos, como
atrasos o cantidades
reconocidas como
adeudadas a algunos
directivos de la
Federación,
ignorando las
vicisitudes de sus
empleados».
EXONERACIO
N. El escrito que el F8
envía al CSD
recoge
también que
otra de las exigencias
de los interlocutores
del presidente de la
federación
española es
«una
declaración de
exoneración
de responsabilidades
personales del Sr.
Gutiérrez Lara
y de su entorno
federativo, o un
compromiso de que
contra éste no
se ejercerían
acciones penales,
compromiso que esta
parte ni puede ni
debe aceptar, so
pena de ceder a un
chantaje intolerable
que, además,
nos haría
encubridores de las
presuntas
irregularidades de las
que quiere
protegerse».
Para Piera,
esta «falta de
escrúpulos»
esconde,
además, otros
propósitos.
«¿Qué
interés tienen
Andrés y sus
cómplices en
seguir ganando
tiempo para no
repetir las
elecciones», pregunta
en voz alta. El
presidente de la
Federación
catalana cree que en
este empecinamiento
podría tener
que ver el fiasco del
perdigón
ecológico sin
plomo, un proyecto
que supuso una gran
inversión y
«que llevamos
esperando desde
2002», o la necesidad
que pudieran tener de
que «prescriban» otras
posibles
irregularidades.
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