Los propietarios
de cotos y sociedades de
cazadores que quieran
organizar una
montería no
tendrán, una vez se
apruebe el nuevo reglamento
andaluz de la caza, que
solicitar la correspondiente
autorización a la
Administración
regional, ya que la Junta
contempla que la
realización de esta
actividad cinegética
quede sujeta a un
procedimiento de
comunicación y no de
autorización.
Esta fue una de las
mejoras que aportará
este reglamento, aún
en fase de redacción,
y que explicó ayer el
coordinador de la
dirección general de
la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta,
Rafael Cadenas, en la mesa
redonda organizada en el
salón de plenos de la
Diputación, con el
patrocinio de ABC
Córdoba, para
explicar los cambios que se
plantean en el sector.
Al respecto, una vez se
apruebe el reglamento,
Cadenas indicó que
se trabajará en el
modelo de
declaración para que
los orgánicos puedan
descargarla y la aporten a la
Administración que,
si en un plazo de 15
días no da respuesta,
tras comprobar que la
cacería no coincide en
fecha con la de otra en coto
colindante, «es por
que se entiende por
autorizada».
Para el moderador del
debate y presidente del Aula
Cinegética del Real
Círculo de la
Amistad, Francisco
Beltrán, el borrador
que hay sobre la mesa
«aporta cambios
positivos, pero echamos en
falta que no se convierta en
una norma marco que
desarrolle de una vez por
todas el tema de la
caza».
Entre los aspectos a
mejorar antes de que se
publique en el BOJA,
Beltrán abogó
por que «se regule el
tema de los puestos dobles,
porque no se deja claro. No
se puede permitir, con la
norma en la mano, que se
permitan dos armas por
puesto».
De igual modo
indicó que
solicitarán a la Junta
que haya una
unificación de
criterios entre las distintas
delegaciones provinciales.
«La norma es igual
para toda Andalucía y
no puede ser que en Sevilla
se interprete la
tramitación de un
plan técnico de caza
de una manera y en
Córdoba de
otra».
Beltrán
indicó que todas las
conclusiones que salgan de
esta jornada serán
trasladadas a la
Diputación, que se ha
comprometido a hacerlas
suyas y
presentárselas a la
Administración
regional para que las tenga
en cuenta a la hora de
introducir modificaciones en
el reglamento, cuyo plazo de
alegaciones ha acabado y
que solo está
pendiente de su
redacción definitiva.
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