¿La media veda en peligro?

El Tribunal
Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha
dio a conocer el
pasado mes de
febrero dos
sentencias
preocupantes para el
colectivo de
cazadores. La primera
declara ilegal la caza
de perdiz con reclamo
y la segunda, la que
más afecta a los
cazadores
guipuzcoanos, retrasa
la media veda hasta
el 30 de agosto, en el
caso de la codorniz, y
hasta diez días antes,
el de la tórtola y la
paloma torcaz.

El fallo, que
confirma lo
dictaminado en una
sentencia que ya
obligó a corregir las
fechas de media veda
para la tórtola y la
torcaz, no así para la
codorniz, ha puesto
en alerta a la
comunidad de
cazadores. El motivo
de esta preocupación
es el posible efecto
dominó que la
resolución judicial
puede tener en
Castilla-León, Navarra
y La Rioja,
comunidades que
más frecuentan los
cazadores
guipuzcoanos.

Aunque la
sentencia fue
recurrida
inmediatamente por
la Federación de Caza
de Castilla La
Mancha, la Junta de
Comunidades y la
asociación Aproca,
que aglutina a
propietarios de fincas
rústicas y cotos de
caza, el temor es
grande. Al anunciar su
decisión,
responsables de la
federación y Aproca,
quisieron matizar que
la caza de la tórtola y
la paloma torcaz ya
comienza después del
20 de agosto desde
2012, por lo que la
sentencia no afecta a
estas especies.

En cuanto a los
periodos de caza de
la codorniz y de la
perdiz con reclamo,
mostraron su
confianza en que el
Tribunal Supremo
tenga en cuenta los
argumentos técnicos y
jurídicos que plantean
en el recurso de
casación. En ese
sentido también
quisieron recordar que
esta modalidad ya
fue puesta en tela de
juicio por la Comisión
Europea que, sin
embargo, acabó
aceptando el criterio
del Ministerio de
Agricultura.

Por último, Aproca y
la federación
censuraron la actitud
de agrupaciones
ecologistas que con
informes «sin base
científica» están
poniendo en peligro
el futuro de miles de
familias del medio
rural.

El
presidente de la
Federación de Caza
de Castilla-León,
Santiago Iturmendi,
ha hecho también
hincapié en esta
reflexión al recordar
que «un porcentaje
elevadísimo» de los
enclaves rurales de su
comunidad viven de
la caza. Según sus
datos, esta actividad
puede mover
anualmente entre 300
y 600 millones. «Si
siguen atacando a la
caza, ¿de qué va a
vivir esta gente?», ha
insistido.

Iturmendi ha
destacado también
que han recogido
muestras y han
realizado un buen
número de informes
sobre la población de
codornices que
demuestran que, «en
ningún caso, se
encuentra en riesgo».
Consciente de que
hay prácticas agrícolas
agresivas que pueden
afectar más a estas
aves, como son las
semillas envenenadas
y la práctica de
cosechar de noche, el
presidente recuerda
que Burgos es la
provincia líder en caza
de la codorniz y que
en Castilla-León se
capturan la mitad de
ejemplares de todo el
Estado.

«Hay agrupaciones
ecologistas que
quieren acabar con la
caza, pero no lo
vamos a consentir»,
concluye, convencido.