La indignación que sufren el colectivo de cazadores y armeros con el nuevo anteproyecto de Reglamento de Armas propuesto por el Ministerio de Interior, ha llevado a la Asociación Armera (entidad que congrega a fabricantes y distribuidores de armas deportivas de caza y tiro) y a la Asociación de Comerciantes de Armerías, Complementos y Explosivos (ACACE) a solicitar la intervención del Ministerio de Industria.
En una carta oficial enviada a todos los medios, ambas asociaciones solicitan a la institución que defienda los intereses legítimos de la industria y el comercio, además, instan «a intervenir activamente en la redacción definitiva del texto y asumir la defensa de la insdrustria y el comercio en aras de conseguir ese deseable equilibrio entre seguridad y protección de los agentes económicos y el empleo».
Un texto (el del nuevo Reglamento) que, en opinión de la Asociación Armera y ACACE, consideran absolutamente restrictivo «hasta extremos de dudosa constitucionalidad». También se considera que el usuario se enfrenta a la absurda situación de pasar a la ilegalidad tan pronto se apruebe la norma, ya que el arma más usada por el cazador, la semiautomática, pasa a estar prohibida. Con todo esto, las asociaciones lanzan una pregunta al aire, «¿qué piensa hacer la Administración con las miles de armas consideradas ilegales?».
En la carta también exponen la situación que sufrirán los fabricantes, distribuidores y comerciantes en el caso de que el nuevo reglamento salga adelante. Según especifican, para ellos «la situación es más ardua ya que se enfrentan al cierre de sus negocios» ya que consideran que algunas de las medidas que se especifican son de «imposible cumplimiento».
Caída en las ventas
En el documento explican que la situación actual de incertidumbre creada por las noticias en los medios de comunicación que hablan de una modificación del texto tan restrictiva, ha provocado ya una caída en las ventas del 70%. Continúan recordando que la Administración que elabora este anteproyecto de Reglamento de Armas rechazó en repetidas ocasiones el ofrecimiento de asesoría técnica por parte de ambas asociaciones armeras.
Finalizan mencionando al Ministerio de Industria, que «en una situación de crisis como la actual, debería contar con razones para adoptar medidas que van a causar graves perjuicios económicos» a los 36.300 puestos de trabajo que genera el sector de la caza, con una facturación de más de 2.753 euros, máxime cuando «se trata de un sector que no da problema alguno».
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