El Congreso ha
aprobado este jueves
definitivamente el proyecto
de Ley de Parques Nacionales
que ha impulsado el PP y que
ha provocado una agria
polémica a cuento de
la prórroga de usos
tradicionales en las fincas
privadas de algunos de estos
espacios naturales, como es
la caza.
Con la nueva ley, el
derecho heredado por los
propietarios para seguir
organizando actividades
cinegéticas en sus
fincas queda finalmente
prorrogado hasta 2020. A
partir de ese momento, los
dueños que no hayan
llegado a un acuerdo
voluntario, verán
expropiados esos derechos de
uso. Y eso tiene una cifra,
que el secretario de Estado
de Medio Ambiente, Federico
Ramos, ha cifrado
«entre 50 y 300
millones de euros»,
una cantidad
«difícil de
justificar en estos momentos,
si tenemos en cuenta que el
presupuesto anual para el
ente de Parques Nacionales
será de 44 millones
de euros para
2015».
La nueva ley no ha
conseguido el consenso
general que obtuvo la de
2007 pese a basarse en ella
y «pretender mejorar
los aspectos que no quedaron
claros en la anterior o que se
vio que no
funcionaron»,
según Ramos. Entre
estos puntos estaban la
deficiente
coordinación entre el
Estado y las comunidades
autónomas,
«en 2012 hubo cuatro
incendios en Parques
Nacionales, y ni siquiera nos
los comunicaron»,
asegura el secretrio de
Estado, y la inexistencia del
concepto de red de Parques
Nacionales, que se
recuperará con la
recuperación de la
potestad para intervenir en
caso de catástrofe o
negligencia en la
conservación de estos
espacios y la creación
de comisiones de
coordinación,
comités de
colaboración y
coordinación
supraautonómicos y
científicos.
Cesión de
derechos o
expropiación
Respecto a las duras
críticas de los grupos
ecologistas y de la
oposición de que la
nueva ley respondía a
la protección de los
intereses particulares de los
propietarios de grandes
fincas en Cabañeros,
Ramos ha explicado que lo
único que se ha
hecho es prorrogar tres
años la posibilidad de
alcanzar acuerdos voluntarios
«para ahorrar al
Estado una cantidad
considerable en 2017»,
puesto que a fecha de hoy,
han sido muy pocos los
propietarios que han cedido
esos derechos. Y es que al no
haber ninguna contrapartida
económica por
hacerlo,
prácticamente no se
ha avanzado nada desde que
en la ley de 2007 se
fijó el límite
de 2017.
Sobre la
polémica de permitir
la navegación en
Monfragüe y el vuelo
sin motor en Guadarrama,
Ramos ha explicado que el
primero «era el
único Parque Nacional
en el que no se
permitía» y en
el segundo, que «la
propia Unión
Internacional para la
Conservación de la
Naturaleza ha reconocido que
no supone ningún
riesgo para la
conservación».
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