La Asociación de Propietarios para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca España) ha remitido un comunicado en el que pedido a las Comunidades Autónomas que aprueben la homologación de los métodos de control de predadores, el tradicional trampeo, conforme a las directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA).
Con el fin de hacer un control eficaz sobre la población de predadores en España, el presidente de Aproca España, Luis Fernando Villanueva, ha solicitado a los diferentes consejeros de los gobiernos autonómicos competentes en materia de caza, que adapten a las normativas regionales las directrices básicas estatales sobre métodos de control de predadores que fueron aprobadas por el Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Villanueva, según ha informado en un comunicado, ha asegurado que las comunidades autónomas, «muy dadas a inundar el panorama de la gestión cinegética de normas absurdas, cuyo único fin es la restricción y judicialización del campo, en este caso, se están riendo de los cazadores y de los propietarios de cotos de España».
Aproca España ha recordado que la no trasposición de esta norma «está echando por tierra más de cinco años de investigación del Magrama y algunas comunidades autónomas, que con su trabajo buscaban profesionalizar la figura del trampeo en España, adaptarse a normas internacionales y cumplir con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad».
Para esta entidad, además de estar en juego el futuro de la gestión de los predadores oportunistas, «está en juego el futuro de especies emblemáticas de caza como la perdiz roja silvestre», puesto que, «unido a otros factores, el incremento de predadores de forma exponencial en los últimos años, está ligado de forma directa con el descenso de la perdiz en buena parte del territorio nacional».
La organización ha apuntado que el retraso en la aprobación de estas homologaciones contrasta con la celeridad de algunas comunidades autónomas a la hora de transponer otras normativas estatales o comunitarias, como es el caso del Reglamento por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, cuya aplicación e interpretación realizada, por el contrario, ha subrayado Villanueva, «está suponiendo graves inconvenientes para la gestión de los acotados».
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