Solicitan para ello la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, con la finalidad de permitir aprovechamientos cinegéticos y piscícolas del arruí, la trucha arco iris, la carpa común y el cangrejo rojo.
Los aficionados a la caza y a la pesca insistirán en solicitar una modificación en el Congreso de los Diputados de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que permita la pervivencia de varias especies consideradas en esa normativa como ‘exóticas invasoras’.
Con la denominación de ‘exóticas’ la legislación alude a aquellas especies que han sido introducidas en un momento dado, mientras que por ‘invasoras’ se denomina a aquellas que causan bien algún tipo de problemas en otras especies o bien en el propio medio natural.
Mediante la legislación en vigor se impide el aprovechamiento comercial y cualquier actividad cinegética o piscícola relacionada con especies como el arruí, la trucha arco iris, la carpa común o el cangrejo rojo, incluidas en el catálogo de especies invasoras elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. Su caza o pesca de forma racional, sin embargo, aporta beneficios sociales y económicos, pero también medioambientales y culturales.
La modificación de la normativa, que probablemente volverá a ser llevada a votación tras el verano después de haber sido rechazada en dos ocasiones anteriores, pretende “suprimir las contradicciones que existen en la Ley” y, al mismo tiempo tiene la finalidad de “sacar del censo de especies exóticas invasoras una serie de animales que no solo no son perjudiciales para el medio ambiente sino que su presencia resulta beneficiosa”, según sostiene Luis Fernando Villanueva, coordinador de la Fundación Artemisan.
Desde esta entidad que propicia el más absoluto respeto hacia el medio ambiente y su conservación, teniendo en cuenta el equilibrio entre flora y fauna, Villanueva aporta argumentos tanto de carácter medioambiental como de índole económica para defender las prácticas cinegéticas y piscícolas.
Entre los razonamientos medioambientales expone el caso del arruí, también conocido como ‘carnero de Berbería’ cuyo hábitat natural es el Norte de África, cuyo valor ha sido demostrado mediante estudios científicos. Asegura que en los estudios realizados desde 2007 “hemos evidenciado que esta especie no es invasora. De hecho, resulta beneficiosa porque pasta en zonas en las que no lo hacen otras especies con la cabra montés”, con lo que además de preservar el hábitat, no contamina, no hibrida y no trasmite enfermedades a otros animales.
Las afecciones económicas, por su parte, se refieren a los perjuicios que causaría su eliminación entre las familias que viven en poblaciones rurales cuyo sustento económico está basado en gran medida en actividades relacionadas con la caza y pesca de esas especies.
Ante el posible exterminio de las especies que pueden tener aprovechamiento cinegético y piscícola, Villanueva propone “dotar a esas especies de un marco jurídico mediante la elaboración de un plan de gestión”.
Las opiniones sobre el daño económico que puede causar el rechazo de la modificación de la Ley son compartidas por el presidente de la Federación Vasca de Pesca y Casting, Txelis Fernández. “Los aficionados están desolados y han pasado de participar en competiciones de pesca a estar cabreados”.
Tras señalar que tanto las especies consideradas ‘exóticas’ con los autóctonas han proliferado sin que existan mayores contratiempos entre ellas, Fernández considera la legislación actual dirigida a erradicar la trucha arco iris, la carpa común y el cangrejo rojo “puede resultar fatal para los cientos de personas que trabajan en empresas relacionadas con la pesca en agua dulce y en los ríos”, así como entre las familias que trabajan en ese sector.
“Corren malos tiempos para la caza”, reitera Juan Antonio Sarasketa, presidente de ADECAP, que ya expresó esa inquietud hace poco de un mes durante la celebración del Día del Cazador y del Pescador celebrado en Dima. Por ello considera necesario “dar un paso adelante” para revertir una situación que puede tener repercusiones irreparables, sobre todo en zonas rurales en las que constituye uno de sus principales sustentos económicos.
La aprobación a finales de 2007 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad generó en su momento un enorme rechazo entre cazadores, pescadores y agricultores que tres meses después se manifestaron en Madrid bajo el lema ‘Por el campo, la caza y la conservación’.
Esa movilización convocada por la Oficina Nacional de Caza que en aquellos momentos presidía Sarasketa, fue una de las mayores movilizaciones de la Historia en el Estado español y consiguió reunir a decenas de miles de personas que abarrotaron una parte del Paseo de la Castellana.
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