«La Diputación ni retira, ni perdona ni tiene manga ancha con las denuncias a los cazadores», ha afirmado este jueves el diputado de Agricultura, Eduardo Aguinaco, que ha comparecido en comisión a petición de EH Bildu para responder a diferentes cuestiones relacionadas con las denuncias de caza interpuestas por los guardas forestales en los años 2014, 2015 y 2016.
El representante foral ha advertido, ante el planteamiento de que de las 180 multas impuestas sólo 81 prosperaron en tramitación, que «una denuncia no equivale a interponer una sanción», como también sucede, ha añadido, «con los casos de tráfico o fiscales, por ejemplo». Y el proceso administrativo de tramitación «debe ser especialmente garantista», ha dicho.
Aguinaco ha admitido que el año pasado 21 de ellas fueron sobreseídas, pero ha explicado que existían motivos diferentes para ello como «inexistencia de hechos que constituyan infracción», que dichos hechos «no queden probados», que no haya podido identificarse a los responsables o que «haya podido prescribir», ha detallado. Respecto a ese punto, que se haya pasado el plazo para poder imponer la sanción, el titular del departamento ha explicado que «no es una situación exclusiva de esta legislatura» y ha expresado su deseo de «contar con un mayor número de guardas y de técnicos instructores que incoan los expedientes y los resuelven» para lograr el objetivo de «cumplir con el proceso administrativo» antes de que venza el plazo legal de seis meses para su caducidad.
Sobre las amenazas que ha denunciado alguno de los guardas forestales, ha avisado de que «no pueden ser consideradas un agravante» a la hora de imponer la sanción. También ha aclarado que, en estos casos, debe ser el propio guarda afectado quien presente denuncia en los juzgados «porque pertenece al ámbito del derecho privado». Aguinaco ha indicado que sería deseable que fueran asistidos por letrados de la Diputación de Álava, «pero la denuncia la deben presentar los afectados», ha reiterado.
Cargando...
