La Federación Guipuzcoana de Caza continúa con su huelga indefinida porque según declaran «el Convenio de Caza Mayor es una de las cuestiones no resueltas con la Diputación.
Tras varios encuentros, en el último, se pusieron encima de la mesa por parte de la institución foral condiciones o premisas «absolutamente inasumibles para esta federación, como ampliar la cobertura a los destrozos generados por el corzo, y en general a los daños a la actividad agraria, así como, que la contratación del perito para valorar los daños fueran a cuenta de esta federación, lo cual, además de carecer de sentido alguno, pues los animales salvajes son cosa de nadie, llevaría a la Federación al concurso antes de finalizar el primer año». Contundentes a la hora de dejar claro sus principales reivindicaciones ante el ente foral aseguran que «nuestro convenio, previo a dicho planteamiento, lo conocen, y nuestra respuesta a su último planteamiento también, sin que desde el día 7 de marzo, hayamos tenido llamada alguna».
Estas declaraciones se hacen públicas después de que el sindicato agrario ENBA trasladara a la Diputación de Gipuzkoa el «malestar y honda preocupación» que existe entre los baserritarras ante la proliferación de los daños causados por jabalíes y corzos, y urge a la institución foral y a la Federación de Caza a que alcancen un acuerdo que posibilite la reanudación de las batidas.
«Consideramos que los propios baserritarras son conscientes e igual de perjudicados, por la actual presión que sufrimos los cazadores por parte sectores animalistas y ultraecologistas, y que las administraciones en vez de tratar de buscar un equilibrio entre las distintas sensibilidades, cada vez nos ponen más dificultades, cierran líneas de caza incluso con sentencias del Tribunal Supremo a favor, cierran campos de tiro, y vedan la caza en montes de titularidad pública, por no hablar ya de la presunción de culpabilidad que inspira toda la normativa relativa a la caza», aseguran desde la Federación.
«A tal fin, la Diputación dota de ciertos recursos económicos a la federación guipuzcoana de caza para desarrollar y ejecutar la competencia en materia de caza que a ella corresponde, y que la federación es capaz de llevar a cabo gracias al enorme trabajo voluntario que realizan cientos de personas que se organizan en torno a ella. La federación ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones, haciéndose cargo de la gestión y tramitación de todo tipo de licencias y seguros, también para accidentes de tráfico y daños en la agricultura, y si estos no se abonan es porque la Diputación no encarga las peritaciones. Lo único que se ha dejado de hacer es cazar, que es un derecho, no una obligación».
Añaden que «nunca ha sido, ni es ahora, voluntad de esta Federación entrar en polémica con ninguna asociación agraria. Dicho esto, hay que recordar que la caza es una actividad social que voluntariamente practican en torno a 20.000 ciudadanos en Gipuzkoa. La Federación gestiona el ejercicio de la actividad cinegética en su conjunto, por delegación de la Diputación, que conlleva la gestión de la caza de especies migratorias con sorteo diario de entorno a 5.000 puestos durante 2 meses, la gestión de la caza de la becada con un sistema de recopilación de información único en el estado español y la gestión de la caza mayor con más de 1.200 cazadores».
«Cuando un colectivo de miles de personas decide unánimemente dejar de practicar su pasión, como es la caza, no es difícil concluir que algo no marcha bien. No es un capricho, ni ninguna medida dirigida contra nadie, ni se pretende instrumentalizar a nadie, como algunas voces alegan. Es una medida que pretende que la sociedad visualice y reflexione sobre el papel de la caza en el control y equilibrio del medio ambiente y la Biodiversidad, y que las Administraciones Públicas afronten sin temor a la presión de los ultraecologistas y animalistas la realidad de la actividad cinegética», insisten desde la Federación Guipuzcoana de Caza.
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