La limitación de movimientos a los cazadores pone en jaque las arcas de varias zonas rurales de Navarra

La limitación de movimientos a los cazadores pone en jaque las arcas de varias zonas rurales de Navarra

Muchos cazadores de comunidades limítrofes acuden a Navarra, donde pagan por realizar las actividades cinegéticas

Las restricciones a la libertad de movimientos impuestas el 21 de octubre por la consejera de Salud, Santos Induráin, ya están teniendo su impacto en la economía de diversas zonas rurales de Navarra, que basan buena parte de su economía en los ingresos que depara la actividad cinegética. Ahora, con la prohibición de traspasar las fronteras, estos enclaves están viendo peligrar un importante porcentaje de su presupuesto anual.

Esta consecuencia ya había sido avisada hace tiempo por la Federación Navarra de Caza (FNC), que lleva meses alertando de los resultados tan nefastos que originará la marginación de la caza en Navarra. Con la vista puesta en la fatídica situación vivida en el confinamiento, cuando el sector agroalimentario alzó la voz para reclamar a la Administración que actuara en la problemática de los daños a la agricultura, representantes de la entidad se han reunido con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, han tenido contactos con formaciones políticas del Parlamento de Navarra y han enviado misivas a diferentes departamentos del Gobierno foral.

Todo con el propósito de evitar que el empeoramiento de la pandemia no propicie de nuevo la prohibición de la caza y, con ella, el cúmulo ingente de efectos nocivos que produce en muchos ámbitos de la sociedad. Resulta complicado identificar cuál preocupa más: el control poblacional de las especies, vital para mantener un correcto equilibrio de los hábitats; la prevención de los daños agrícolas, fundamental para la supervivencia de la actividad económica de muchos agricultores y del funcionamiento óptimo de la cadena alimentaria; la rebaja de los accidentes de tráfico; o la vigilancia y freno a la entrada de peligrosísimas enfermedades animales como la peste porcina africana, cuya aparición en Navarra y España haría temblar todo el sector porcino.

Ahora se une, además, el terrible impacto a la economía de las zonas rurales que tienen en la caza uno de sus baluartes para combatir la despoblación. A lo que se suma el lucro del aprovechamiento sostenible de la carne de caza por empresas rurales, que también cesará. Como muestra de esta situación, se observa al Ayuntamiento de Extalar, cuyo alcalde, Miguel Mª Irigoien Sanzberro, remitió esta semana una carta a la FNC para solicitar su ayuda ante la alarmante tesitura en la que se queda el municipio.

“El Ayuntamiento de Extalar adjudica anualmente mediante subasta abierta el aprovechamiento de 21 puestos de caza de paloma en el collado Iarmendi. Esta adjudicación supone una importantísima fuente de ingresos económicos en las arcas municipales, las cuales están siendo seriamente afectadas este año. En este 2020 se han recaudado 41.366,25 euros. Casi la mitad de estos puestos de caza han sido adjudicados a personas que vienen desde Guipúzcoa y que, ante la limitación de los desplazamientos de entrada y salida a Navarra, nos han transmitido su inquietud e incertidumbre respecto a la posibilidad o no de poder venir a cazar. Existe un serio riesgo de que reclamen al Ayuntamiento la devolución de parte del importe abonado”, expone el regidor
municipal.

Esta coyuntura no es desconocida para el Gobierno de Navarra, que también verá mermada su recaudación ante la previsible reducción de las licencias de caza. Hace una semana, la FNC informó al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior de los riesgos que entrañaba arrinconar la actividad cinegética y no respetar la función tan relevante que acometen los cazadores. Entre ellos, la amenaza económica para las zonas rurales de Navarra, pero sin olvidar las ya citadas secuelas para el sector agroalimentario, la salud pública o la seguridad vial. La respuesta institucional fue que el Departamento de Salud es el que está al frente de la gestión de la crisis.

En un nuevo empeño de la FNC por proteger al colectivo cinegético y salvaguardar la función que realiza en el medio ambiente, el organismo ha reclamado a la consejera Induráin que no empeore la situación en los montes y campos navarros, y tenga en cuenta, por un lado, los beneficios que aporta la caza y, por otro, que los animales no entienden de fronteras políticas y que, por tanto, la labor de los cazadores no puede ser cercenada en base a decisiones que no valoren esta realidad.

Asimismo, en una misiva en la que le ha reclamado que permita a los cazadores federados tener movilidad con las autonomías limítrofes (necesaria también para el cuidado de sus perros), ha recordado a Induráin que la actividad que practican es totalmente compatible con las medidas de contención ante la covid-19 adoptadas por su departamento. La respuesta del departamento, escueta y morosa, no deja lugar a dudas del desamparo con el que el Gobierno foral trata al sector cinegético: “La actividad de la caza no está incluida en las excepciones recogidas en la Orden Foral. Así que la restricción de la movilidad afecta también a la actividad de la caza”.