Los cazadores españoles exigen al Gobierno de España rigor y datos acreditados para elaborar la estadística sobre abandono de perros que planea la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El sector cinegético considera “inaceptable” la falta de rigor de la Dirección General de Derechos de los Animales, que pretende elaborar una estadística oficial a través de un cuestionario publicado en Internet que solo podrá ser respondido por protectoras animalistas, a las que la propia Dirección General ha realizado un llamamiento público a través de redes sociales, o por ayuntamientos, a través de un trámite burocrático diferente y más complejo.
Como ejemplo de falta de garantías, en este cuestionario se pide a las protectoras que indiquen cuántos de los perros rescatados son “perros de caza o cruces de perros de caza”, basándose únicamente en su raza, sin necesidad de justificar si son propiedad de un cazador o si realmente han sido empleados para la actividad cinegética, lo que evidencia el sesgo de una estadística diseñada para criminalizar a los cazadores con las aportaciones de entidades que, en su mayoría, están integradas en plataformas anti caza.
En relación a este sesgo, cabe recordar que 2019 fue el último año en que el Ministerio del Interior publicó las estadísticas anuales sobre abandono de perros elaboradas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que justo ese año situaba en 163 los perros de caza abandonados; cifras que chocan frontalmente con los 50.000 perros de caza que, según los colectivos anticaza y animalistas, abandonarían los cazadores al final de cada temporada.
Ante la elaboración de una estadística que pretende ser de carácter oficial, Fundación Artemisan y numerosas entidades del mundo de la caza exigen a la Dirección General de Derechos de los Animales y al propio Gobierno Central que tengan en cuenta datos oficiales, acreditados y contrastados, como los aportados por la Benemérita, estableciendo un sistema de control que permita verificar que los datos aportados por las protectoras animalistas son ciertos y rigurosos.
Asimismo, exigen transparencia y rigor en la elaboración de una estadística que, con total seguridad, pretende servir como argumento para la toma de decisiones que afectarán al sector cinegético, entre otros muchos, y que, de ninguna manera, puede estar basada en un proceso inseguro, opaco y carente de garantías, algo totalmente inaceptable viniendo de una administración pública.
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