Visiblemente más
delgada, pero más activa que hace un
año, Isabel García Tejerina
(Valladolid, 1968) alcanzó el pasado
miércoles su primer aniversario al
frente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en el
que ha crecido como activo fundamental y al
que conducirá hasta el final de la
legislatura.
Después, ya se verá, dice,
pero tiene claro que quedan aún
muchos proyectos por acometer. Las jornadas
maratonianas en el Congreso le han impedido
incluso practicar en la última semana
su deporte favorito, el tenis, pero aún
así reivindica más horas del
día, alguna de ellas incluso
también para descansar. Pese a ello,
tiene claro su compromiso con el sector y no
escatima tiempo para él.
—¿Cómo
definiría la política agraria que
viene haciendo su Ministerio?
Nuestra máxima ha sido trabajar
para favorecer la competitividad del sector
porque solo así tiene posibilidades de
desarrollarse, crecer, dar oportunidad de
empleo y generar riqueza en el medio rural,
que es el objetivo último. Este
Gobierno se preocupa especialmente del medio
rural y más si lo comparamos con
situaciones pasadas. Nosotros sabemos que
cuando estamos desarrollando el sector
agroalimentario español, lo que estamos
desarrollando es la economía de los
municipios.
—¿Dónde se
constata esa mejora en el medio rural?
Yo destacaría por una parte algo
fundamental que es la investigación y
la innovación. Hace poco hemos
presentado el programa de
investigación e innovación
agroalimentaria forestal, que arrancó
del análisis de las necesidades del
sector en esta materia para integrarlas en las
políticas europeas y que sean
subvencionables. Queremos que a partir de la
página web presentada, todos los
operadores del sector agroalimentario
(productores, industria, etc) tengan un
fácil conocimiento y eso les ayude a
acceder a la financiación
pública. Hay mucho presupuesto y lo
que pretendemos es que les resulte
fácil acceder a ello y tengamos un
sector cada vez más innovador.
—Uno de los factores de esa
competitividad es mantener la calidad,
¿está garantizada?
Hemos avanzado muchísimo en
eso. Hemos revisado todas las normas de
calidad y hemos acordado con el sector
más de 500 productos.
Además, hemos dado un apoyo
importante a la calidad de la
alimentación española a
través de dos leyes remitidas a las
Cortes. La primera, la ley de denominaciones
de origen protegidas, indicaciones
geográficas protegidas de
ámbito supraautonómico, con la
que se pretende reconocer y reforzar el papel
de los consejos reguladores y dar seguridad
jurídica a todos los operadores que
pertenecen a las denominaciones de
origen.
—¿Y la segunda?
La ley para la defensa de la calidad
alimentaria. Esta política se apoya en
el fomento, la garantía y en la
protección de los productos que se
ponen a disposición de los
consumidores. Lo que pretendemos es que las
autoridades competentes tengan instrumentos
legales para llevar a cabo debidamente los
controles oficiales y garantizar el cumplimiento
de las normas; tener un régimen
sancionador armonizado y desarrollar las
garantías de mercado único en
materia de calidad alimentaria. Y, finalmente,
algo muy importante que es establecer marcos
de colaboración y sistemas de redes de
intercambio de información entre el
Ministerio y las comunidades
autónomas.
—En ese sentido, la Unión
Europea ya está desarrollando sistemas
de alerta rápida…
Sí. Nosotros nos hemos adelantado
a las obligaciones que vendrán de la
Unión Europea para intercambio de
información; por eso, esta ley
regulará redes de intercambio de
información alimentaria entre
autoridades ante situaciones de fraude y en
defensa de los consumidores.
—Hablando de leyes, la
última que han remitido es la de
Patrimonio Natural y Biodiversidad,
¿por qué era necesaria?
Esta norma tiene un aspecto muy
importante que es el de facilitar
información sobre las distintas
protecciones que tiene el territorio y
entregársela al registro de la propiedad
y al catastro para que, a su vez, ellos lo
pongan a disposición de los ciudadanos
de tal manera que, cuando la gente vaya a
informarse, sepa perfectamente cuáles
son los condicionantes de un terreno, de una
finca, de una explotación, etc, porque
pertenezca a una protección ambiental
que puede ser desde la Red Natura 2000 a
zona de parque natural o nacional.
—Este tipo de protección
genera, en muchas ocasiones, malestar al
ciudadano porque le impide desarrollar
proyectos o, en última instancia, le
condiciona.
Esa es una de las cosas que quiero
destacar de esta ley porque también
apoya las actividades económicas
coherentes con la conservación de los
espacios protegidos y que contribuyan al
bienestar de las poblaciones locales y la
creación de empleo.
—Y eso, ¿se materializa en
el medio rural? ¿Cómo lo
vemos?
Sí. Por ejemplo, la semana pasada
aprobamos cinco millones de euros para que
las autonomías financien actividades
económicas entre la población
que vive en los alrededores de los parques
nacionales. Hay muchas actividades
compatibles; el turismo de naturaleza, por
ejemplo.
—Sí, pero eso necesita una
labor casi más pedagógica que
normativa, ¿no?
Nosotros lo que pretendemos es
adaptarnos a lo que la UE considera que se
puede desarrollar. Hay actividades
económicas que son compatibles con el
medio ambiente. Pero lo que también
está claro es que plantear el medio
ambiente contrapuesto a las poblaciones que
viven en el ámbito local o al desarrollo
socioeconómico, es una
dirección por la que no va
ningún organismo. Pretender enfrentar
el medio ambiente a las personas que habitan
en él impide el desarrollo
económico. Precisamente es la gente
que habita este medio quién
más está haciendo por su
preservación. Ellos son los mejores
guardianes y lo que hay que hacer es
ofrecerles posibilidades de desarrollo,
cuidándolo.
—Eso mismo dicen los agricultores
cuando se les condicionan las ayudas al
cuidado medioambiental, o los ganaderos
cuando se les acusa de no proteger a las
especies en extinción. Pero a estos
últimos, les siguen preocupando los
ataques de los lobos…
Sigue siendo un problema, sí. De
lo que se trata es de adaptar la gestión
del lobo a la situación actual. Este
animal siempre ha sido una especie protegida,
pero también es cierto que al norte del
Duero tiene una protección (especie
cinegética) y al sur, otra. Ya estamos
terminando el censo del lobo, en el cual hemos
visto cómo las poblaciones han
aumentado casi el 20% en torno a 50
manadas) y se han expandido territorialmente.
Es bueno, pero también tenemos que
ser capaces de convivir con él. Eso es
lo que plantearemos a la Comisión
Europea en la revisión de la Directiva
Hábitat. Es importante saber que el
lobo no tiene depredadores, entonces es
necesaria una gestión humana.
—Tienen ustedes un aliado de peso,
Francia. ¿Han hablado ya con la UE?
Primero tenemos que terminar el censo y,
luego, estamos pendientes del calendario de
revisión de la Directiva Hábitat
que abrirá en breve la Comisión
Europea. Ese será el momento
más adecuado para revisar la
gestión de esta especie.
—Eso nos lleva a hablar
también de caza y pesca. ¿Para
cuando la licencia única en
España?
Espero que para la próxima
temporada de caza podamos poner en marcha
el reconocimiento de licencias entre
comunidades autónomas. Ya hay ocho
(Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Madrid, Galicia, Extremadura, Asturias,
Aragón y Valencia). No obstante, en la
Ley de Montes se contempla la
creación de una estrategia nacional de
caza porque hay aspectos que deben de ser
coordinados entre comunidades
autónomas. También crearemos
la ley de infracciones de cazadores y
pescadores.
—Por terminar con la Ley de
Montes, ¿han resuelto las discrepancias
con los forestales?
Es que yo creo que ahí hay mucho
ruido y pocas nueces. En absoluto esta ley
modifica ninguna de sus competencias que, por
otra parte, son otorgadas por las comunidades
autónomas. Lo único que se
hace es sistematizar sus funciones y lo
único que se aclara, porque tampoco es
nuevo, es cómo deben coordinarse en
los supuestos en los que ante una misma
situación coinciden con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas
circunstancias no alcanzan ni al 2% de las
situaciones.Aún así, hemos
hablado con el Ministerio del Interior y
estamos abiertos a cambiar la
redacción de la ley porque a nadie se
le quitan en absoluto funciones.
—¿Cuál es el
objetivo de esa norma?
La protección de la biodiversidad,
facilitar la gestión de los montes para
que estén cuidados y protegidos porque
es la forma de evitar incendios y combatir el
cambio climático, además de
facilitar el aprovechamiento económico
de los recursos forestales que tiene una gran
importancia para Castilla y León.
Nosotros lo que estamos buscando es el
desarrollo local, dar oportunidades de empleo,
de generación de riqueza, a todas las
personas que viven en el medio rural.
—Hablando de cambio
climático, Naciones Unidas va a
comunicar oficialmente que España ha
cumplido con el compromiso de Kioto para
2008-2012, ¿objetivo conseguido?
La política de cambio
climático de este Gobierno es un
ejemplo de cómo la protección
puede ir de la mano del desarrollo
socieconómico. Hasta que llegó
este Gobierno, lo que teníamos eran
770 millones que gastó el anterior para
comprar derechos de emisión, es decir,
papel para que se adoptaran medidas de
cambio climático fuera de
España que no dejaron nada
aquí.
—¿Y qué han hecho
ustedes?
En vez de gastar el dinero del
contribuyente en la compra de derechos de
emisión, fomentamos a través
de distintos planes, financiar inversiones que
tienen como objeto un cambio de modelo
productivo que implican actividad
económica. Con lo cual, las
inversiones, las reducciones de gases de efecto
invernadero y el empleo de calidad se genera
en España.
—¿Cómo se
detallarían esas inversiones?
¿Dónde se dirigen?
Son inversiones para adaptarse al cambio
climático, muchas de ellas
tendrán lugar en la costa, pero
también hay dos especialmente
importantes para Castilla y
León.
—¿De qué tratan?
De dos obras de conservación del
medio rural en el dominio público
hidráulico. La primera de ellas es la
restauración de la laguna de Lastras de
Cuéllar y Hontalbilla, en Segovia,
donde se invertirán 700.000 euros, y la
segunda, la restauración fluvial
mediante infraestructuras verdes en el
río Ucero (Soria) por 610.000 euros.
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