El pasado sábado se celebraron las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Caza, y tras los resultados que se han dado, nos queda la sensación de que, ciertamente, en esta entidad la fragmentación es mucho mayor de lo que algunos quisieran, que otros han provocado y que tratan de ocultar a toda costa.
El actual presidente, Andrés Gutiérrez, fue reelegido con 60 votos frente a los 56 que los delegados otorgaron a su oponente José Ángel Remírez, quien apoyado por las Comunidades Autónomas con mayor número de federados, impulsó una campaña en la que se dieron a conocer un sinfín de irregularidades de los actuales responsables de la entidad, terminando, como colofón —según denunciaba el aspirante—, con la manipulación del censo; a pesar de que las Federaciones Autonómicas que le apoyaban contaban con más del 60 % de cazadores federados, los delegados que estas federaciones tenían en la asamblea no sobrepasaban el 30 %, por lo que, evidentemente, el acceso a la presidencia era de todo punto imposible.
Independientemente del mal ambiente reinante en la Asamblea, donde no se permitió la entrada de medios de comunicación tal y como viene sucediendo en las últimas ocasiones —con la descarada intención, por parte de los organizadores, de tratar de impedir que el cazador de a pie se entere de lo que está pasando— y al margen del triste final de la jornada —algunos delegados abandonaron la asamblea bastante antes de su finalización en actitud de protesta—, el problema no se termina tras la elecciones, muy al contrario, la Federación de Caza, y por ende todos los cazadores, se verán ante unos interrogantes que auguran el comienzo de una etapa convulsa, muy convulsa…
Ahora, tras unas elecciones en las que lo único claro era que servirían para poner a cada uno en su sitio, con nombre y apellidos, delante de todo el sector cinegético, la incógnita que se plantea es qué pasos se irán dando según se contesten las preguntas que el mundo de la caza —cazadores, empresas, instituciones—, pero sobre todo, cazadores federados nos estamos haciendo.
Si los miembros de las federaciones que han presentado la candidatura alternativa han manifestado una falta de honestidad, irregularidades e incluso ilegalidades en los actuales gobernantes, además de una mala gestión, partidista y dictatorial, que ha perjudicado a la caza y los cazadores, ¿qué harán ahora que la estructura no se ha modificado y se mantiene?; ¿continuarán participando en ella sumándose de nuevo a una entidad gestionada en esas condiciones?; ¿abandonarán la entidad?; ¿bajarán las orejas tras la derrota volviendo al redil y asumiendo los cargos que les ofrezcan, o dimitirán de los que actualmente ostentan abandonado una entidad en la que, mantienen, se gobierna de forma irregular? Y los que han colaborado a mantener la actual estructura prefiriendo que continúe, o lo han hecho durante el periodo de esas presuntas irregularidades, ¿dimitirán y abandonarán sus puestos asumiendo, si procede, sus responsabilidades, incluso jurídicas, si se demuestran finalmente? ¿Qué dirán entonces a los que han depositado su confianza en ellos, a sus federados? ¿Será necesario recurrir a auditorias profesionales de cuentas, recurrir a la justicia ordinaria y en general, actuar fuera de los órganos deportivos, donde no se ha logrado hasta el momento solucionar las diferencias abiertas?
En caso de abandonar la disciplina de la Real Federación Española de Caza determinadas autonomías —tal y como al parecer han planteado—, ¿cómo se financiará la entidad si pierde su principal fuente de ingresos?; ¿tendrán que repercutir las federaciones que se mantengan los costes a sus federados? ¿Qué imagen dará y qué opinarán los deportistas de cualquier modalidad, al ver que la federación de caza no representa ni al 40 % de sus federados, considerando que las federaciones que pretenden separarse superan el 60 % de los afiliados?; ¿qué opinará el Consejo Superior de Deportes de la situación?; ¿permitirá una situación de este tipo?; ¿qué opinarán los miembros del Consejo Superior de Deportes y los deportistas de los cazadores federados y de la imagen que está dando la entidad que los representa?; ¿se fiarán y apoyarán los federados a unos representantes que dan esta imagen de ellos? ¿Qué postura han de tomar los federados frente a unos dirigentes que no son ni capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y qué pueden esperar entonces cuando tengan que defenderlos frente a terceros?; ¿se buscarán los federados otras entidades alternativas que les demuestren más seriedad y les ofrezcan mayor confianza?; ¿qué imagen puede tener la sociedad de una federación dividida en dos y cómo va a repercutir esa imagen en todo el colectivo cinegético? ¿Qué entidades serán las que representen a cada miembro frente a las administraciones y quién defenderá a los federados ante problemas que puedan afectarles en todo el territorio nacional? ¿Qué sucederá si todos estos problemas transcienden a la prensa generalista y a la sociedad en general y cómo puede repercutir en un ya de por sí criticado sector cinegético?
Algo está claro tras estas elecciones y es lo peor para el mundo de la caza. Si la situación a nivel de los delegados ha sido de 60 votos contra 56 y unos mantienen una postura estrictamente contraria a la de los otros, significa sencilla y llanamente que en la Real Federación Española de Caza sobra prácticamente un 50 % de sus representantes, ya sean unos… o los otros, pero está claro que un 50 % no tiene razón, miente y son, cuanto menos, indignos de ostentar cargo alguno; con la gravedad que esta situación tiene para el mundo de la caza —cazadores, empresas y entidades—, y que, evidentemente, los cazadores no deberían estar dispuestos a aguantar, en modo alguno.
Una entidad que puede apenas representar a un 30 % del sector de los cazadores federados —que a su vez es menos del 40 % de los cazadores de este país—, pero que es nuestro interlocutor ante las distintas administraciones, debido a sus luchas intestinas, puede perjudicar —más bien destrozar— la imagen de todo nuestro colectivo. No, si podemos evitarlo.
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