La Federación de Caza de Castilla-La Mancha cree que muchos cotos de caza de la región pueden acabar desapareciendo por la actitud de la entidad aseguradora Agroseguro que está reclamando importantes cantidades de dinero a los titulares de los acotados en concepto de indemnización por daños a los cultivos producidos, supuestamente, por especies cinegéticas.
En un comunicado de prensa, la Federación de Caza ha mostrado su preocupación ante la nueva campaña iniciada por la aseguradora, que, a través de comunicaciones por correo certificado, insta a los titulares de los acotados a satisfacer en un plazo de quince días la cantidad requerida bajo amenaza de recurrir e a la reclamación de los mismos por vía judicial.
Ante esta nueva amenaza, ha comentado el presidente de la Federación de Caza, Juan de Dios García, «muchos cotos de caza de la región, especialmente los que son gestionados por Sociedades de Cazadores modestas, con recursos limitados y con fines eminentemente sociales, no podrán resistir a esta situación y se verán abocadas a desaparecer».
Por este motivo, comentó que la Federación de Caza no está en absoluto de acuerdo con la manera de proceder de Agroseguro, puesto que esta entidad ha obrado, a su entender, «de manera ilegal peritando los daños de manera unilateral y sin dar conocimiento de ello a los titulares cinegéticos de los acotados».
Además, Juan de Dios indicó que Agroseguro se ha dirigido a los titulares totalmente fuera de plazo, puesto que lo ha hecho cuando la cosecha ya ha sido recogida, lo que ha dado lugar a una situación de total indefensión de cara al titular del acotado o gestor del mismo.
Por otro lado, la Federación ha entendido que en algunos casos, los daños producidos sólo son fruto de una mala praxis del agricultor o en todo caso deficiente práctica.
Duras críticas a la Junta
Igualmente, la entidad que representa a los cazadores federados de la región entiende que muchas de estas situaciones se podrían haber evitado, si la Administración regional hubiera concedido en tiempo y forma las autorizaciones excepcionales para control de plagas, en especial, del conejo.
La Federación ha significado que las provincias de Toledo y Cuenca, son una muestra de mal proceder, que consideran totalmente injustificada e irresponsable.
Su presidente ha pedido que, de una vez por todas, y no solamente en los despachos, se dicten normas de actuación que sean acatadas de forma unánime en todas las provincias de la región y no que en cada una de ellas se obre según el criterio de su responsable político.
Por este motivo, la Federación considera que es «imprescindible» una reforma urgente del Reglamento de Caza, para poder poner remedio «a estas situaciones de injusticia», en la cual, los cazadores vuelven a ser los que soportan los gastos de determinadas especies que interesa proteger y de los espacios en los que se desenvuelven.
Han recordado que los cazadores no están en contra de mantener ninguna especie, pero, han puntualizado, este colectivo también necesitan de ayudas para la gestión de estas especies, como ocurre con otras organizaciones sociales.