Tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto del Estado existe una explosión poblacional de animales de caza mayor. Esta afirmación es fácilmente perceptible en el mundo rural, se ha hecho eco la prensa y viene corroborada por las cifras anuales de captura, que se han incrementado exponencialmente en los últimos tres años: en el caso del jabalí, 112 %; el corzo, 146 %; el arruí, 260 %; o la cabra montesa, 56 %, entre otros.
12/12/2016 | Levante | Raúl Esteban Cano
Esta superpoblación tiene a su vez nefastas consecuencias sobre diversos sectores. Primeramente, sobre la seguridad vial. Según cifras de la DGT, en España ocurren al año unos 3700 accidentes de tráfico provocados por animales de caza mayor, que causan unos 650 heridos de diversa consideración, incluida una media de 15 víctimas mortales. Además, el incremento poblacional afecta igualmente a la agricultura, ya castigada de por sí por la pertinaz sequía. Por otro lado, tanta densidad también perjudica seriamente a la propia especie, pues es foco de epizootias, incluso zoonosis, cuando no de endogamia genética.
Frente a este serio problema, que todo indica va a incrementarse todavía más, las autoridades no pueden permanecer impasibles y deben actuar decididamente. Deben dejar a un lado estereotipos y eslóganes facilones en contra de la caza, que no resuelven nada, y apostar sensatamente por afrontar el problema de frente en colaboración con el colectivo que hoy por hoy, junto con los agricultores, puede ofrecer soluciones del mundo real ante la encrucijada planteada.
Por lo pronto, es necesario remover algunas cargas totalmente abusivas a la hora de realizar controles poblacionales, que bien por su elevado coste o bien por su complejidad práctica, no existente en ninguna otra comunidad autónoma, dificultan la eficacia de la medida, cuando no su propia puesta en marcha. También conviene recordar que muchas veces las autorizaciones de caza por daños llegan demasiado tarde, y ello aun a pesar de la existencia de informes de agentes medioambientales.
Tampoco es presentable que los montes públicos de la Generalitat, con declaración de caza controlada, estén por unas cosas u otras totalmente abandonados por la Administración desde hace ya varios años. Sin ninguna gestión cinegética, ni control poblacional, ni tampoco fomento de hábitat, son un criadero de animales genéticamente empobrecidos, con alto riesgo de epizootia, que abandonan por las noches sus encames para alimentarse en terrenos cinegéticos contiguos, provocando accidentes de tráfico y daños a la agricultura. Y, lo que es más grave, dejando indefensos a los acotados vecinos, que solo con esperas no pueden parar la avalancha. En el Valle de Ayora, por ejemplo, solo en una semana se han llegado a producir más de 10 accidentes de tráfico. Es urgentísimo que la Administración reaccione y adjudique estas zonas para que sean gestionadas planificadamente, autorizando mientras controles por daños que además la normativa permite.
La Federación de Caza, con todos sus clubes federados, está a disposición de la Administración para colaborar en este cometido, teniendo en cuenta que la venatoria es uno de los ámbitos más regulados de todo el ordenamiento, que se ha formado y modernizado para adaptarla a los nuevos tiempos, en el marco de su función social de control poblacional de especies.
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