Cazadores, ganaderos y cuatro CCAA ganan el conflicto por la protección del lobo

Cazadores, ganaderos y cuatro CCAA ganan el conflicto por la protección del lobo

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León frenan su inclusión en la lista de especies protegidas que promovía el Ministerio de Transición Ecológica

La resistencia de cuatro comunidades autónomas y de colectivos de cazadores y ganaderos ha dado sus frutos. En el último momento, y en contra del criterio del comité científico consultado, la protección del lobo seguirá como hasta la fecha. No ingresará en el listado de protección especial, lo que satisface las demandas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, las cuatro autonomías en las que todavía se puede cazar, que se han opuesto con firmeza a la idea inicial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La decisión ha disgustado profundamente a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), un colectivo que demanda su protección en todo el territorio estatal.

«Es indignante. Lo que han hecho es un cambalache para quedar bien con todos, pero quedar bien con todos es imposible», se lamenta Ignacio Martínez, presidente de Ascel. La frustración de los defensores de la especie es mayor en la medida en que durante los últimos meses las conversaciones con el ministerio estaban encaminadas hacia la protección, especialmente después de recibir el impulso del comité científico, que abogó por incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespe), como así se lo confirmaron fuentes ministeriales a la asociación el pasado junio y constató el propio Miteco el 18 de noviembre.

La decisión definitiva iba a ser tomada hace dos semanas en el seno del grupo de trabajo conformado por técnicos ministeriales y de las comunidades autónomas, un organismo creado para estudiar la propuesta de ampliar la protección del lobo y aprobar la Estrategia para su conservación y gestión en España. Las cuatro comunidades autónomas que se oponen a incrementar su amparo solicitaron que se retirara del orden del día y el ministerio aceptó, para decepción de los conservacionistas. «Se han menospreciado opiniones científicas sólidas debido a la resistencia de cuatro comunidades autónomas, se priman los criterios políticos a la protección de la biodiversidad», denuncia Martínez.

«Se han menospreciado opiniones científicas sólidas debido a la resistencia de cuatro comunidades autónomas»

El Miteco defiende que en esa reunión del grupo de trabajo lo que se hizo fue presentar un «borrador» de Estrategia, que servirá de base para seguir trabajando con las comunidades autónomas. Según fuentes ministeriales, la voluntad del ministerio es adoptar medidas para que el lobo «tenga un estatus legal homogéneo en toda España», pero con otras de acompañamiento que permitan su compatibilidad «con las actividades humanas que tengan lugar en esos territorios, en particular la ganadería extensiva».

La retirada de la propuesta se produjo solo unas horas después de que el departamento de Teresa Ribera difundiera un comunicado de prensa en el que informaba de su propuesta de incluir a todas las poblaciones españolas del lobo en el listado de protección, así como de promover unas líneas de acción prioritarias para que la gestión y conservación de la especie «sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre».

La referencia a la coherencia está relacionada con la actual distribución de la protección, que es diferente al norte y al sur del Duero. Así, las poblaciones al sur del río son de interés comunitario para la conservación, con una protección estricta de la que carece en el resto de España, donde su explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

Previamente a la reunión del grupo de trabajo, las cuatro comunidades del noroeste firmaron una carta conjunta en la que expresaron su oposición a una medida que consideran contraria a sus intereses. Sus territorios cuentan con importantes poblaciones de esta especie y son, por lo tanto, «los que sufren las mayores consecuencias sobre el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales», según argumentó la Xunta en un comunicado. La inclusión del lobo en el Lespe supondría la prohibición genérica de su caza, «de manera que dejaría de ser considerada una especie susceptible de aprovechamiento cinegético en determinados supuestos», agregaron los representantes de los cuatro gobiernos autonómicos en su misiva.

Tal y como estaba planteada la propuesta ministerial, solo se podría autorizar excepcionalmente la caza de algún ejemplar bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad, una limitación que «pondría mucho más difícil a comunidades como Galicia recurrir a acciones cinegéticas puntuales cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos». La Xunta y el resto de gobiernos del noroeste consideran que sería una decisión «contraria» a la búsqueda de la compatibilidad entre la existencia de manadas con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones de estas zonas, e incluso «podría poner en riesgo el futuro de alguna raza autóctona».

La asociación de protección del lobo considera que la división a ambos lados del Duero carece de sentido, ya que se cuida a la especie «precisamente donde no existe». «Donde hay que protégelo es al norte del Duero, es donde se necesita, como así lo avaló el comité científico», subraya su director. «¿Para qué queremos un comité científico, si después sus opiniones no se tienen en cuenta y prevalecen las presiones políticas de cuatro autonomías?», critica Ignacio Martínez. «La retirada del orden del día es una maniobra burda para tratar de convencer a la gente de que están haciendo algo, es una estrategia de tratar de aparentar, pero que no cuenten con nuestra complicidad», advierte.

«¿Para qué queremos un comité científico, si después sus opiniones no se tienen en cuenta?»

La sorpresa para Ascel fue relativa, ya que el pasado mes de septiembre, el ministerio de Ribera ya había retirado la propuesta de una reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que debía tratar la catalogación del lobo, lo que provocó las primeras sospechas. El ministerio, que atribuyó la decisión a la ausencia de unanimidad en el comité científico, anunció una «estrategia» sin ejecutar previamente la inclusión en el listado, una decisión que no gustó a los proteccionistas, que subrayan que esa decisión debe anteceder a cualquier estrategia de recuperación y conservación.

Tal y como apuntaba el Miteco el pasado 18 de noviembre, el lobo es una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, y los cambios en su área de distribución y las amenazas que la afectan «hacen necesario un enfoque de actuación común», con independencia de la división del Duero. Así, anunciaba una propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas en el listado, al considerar «su importancia como patrimonio cultural y científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales».

Para garantizar la conservación a largo plazo se proponía alcanzar las 350 manadas en España para el año 2030, reducir su persecución ilegal y aumentar entre un 10% y un 20% el área de distribución actual para el año 2030. Actualmente, y de acuerdo con los datos recopilados en el último censo nacional realizado en 2013-2014, existen unas 300 manadas. También se anunciaba la promoción de bosques-isla en zonas agrícolas que sirvan de áreas de refugio y reproducción de la especie y permitan mantener la conectividad con otras áreas, así como el establecimiento de un programa coordinado a nivel nacional de seguimiento y control de enfermedades transmisibles, entre otras acciones.

Para garantizar la conservación a largo plazo se proponía alcanzar las 350 manadas en España para el año 2030

El portavoz de Ascel se declara decepcionado con la decisión del ministerio, e insiste en que el trámite de protección está reglado. La asociación sostiene que la especie está protegida por la Unión Europea, al asumirse el convenio de Berna para la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural de Europa, firmado en 1979, por lo que debe trasponerse directamente a la legislación nacional.

Fuente. elconfidencial.com