Las sociedades de cazadores de La Rioja están dispuestas a abandonar la gestión de sus cotos al hacerse inasumibles los costes de las indemnizaciones que los seguros agrícolas les quieren cargar por los daños que la fauna cinegética causa en cultivos y que en el caso de Navarrete se han valorado en 166.000 euros.
Así lo ha hecho saber recientemente la Sociedad de Cazadores de Calahorra, Socapesca, en una asamblea general extraordinaria. Su vicepresidente, César Abad, ha explicado a Europa Press que «esta situación insostenible» es común a varios colectivos de cazadores en poblaciones riojanas ubicadas en el Valle del Ebro, propiciada sobre todo por el desplazamiento a tierras bajas de especies como el corzo y por el aumento poblacional de este pequeño cérvido que tiene especial incidencia en las explotaciones de herbáceas, viñas y olivos de los que se alimenta.
Para defenderse, las asociaciones riojabajeñas de cazadores se han unido constituyendo una comisión que va exponer sus argumentos en una reunión a tres bandas que se producirá esta mañana con el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, y los representantes de agroseguros. En estos últimos estaría parte de la clave del problema, aunque su solución implicaría también a la Consejería de Medio Ambiente que es la que finalmente autoriza las medidas necesarias para controlar la difusión y población de los animales.
LA «PRESIÓN DE AGROSEGUROS»
Según el vicepresidente de Socapesca, «en primera instancia agroseguro paga los daños a los agricultores, pero luego nos los reclama a nosotros». En este sentido el directivo ha comentado que Calahorra no tiene en este momento ninguna reclamación por daños, «pero las ha tenido o puede tener en cualquier momento».
Abad dijo que actualmente «la sociedad de cazadores de Alfaro tiene una reclamación de unos 50.000 euros; Ausejo, unos 6.000 y otras, como la de Pradejón, se enfrentan a dos o tres reclamaciones» de cantidades sin especificar. Una de las mayores reclamaciones de este tipo es la que se ha hecho a la sociedad de Navarrete, a la que según César Abad le quieren cobrar 166.000 euros.
De hecho Navarrete quería unirse a los cazadores riojabajeños en la defensa de sus intereses pero según Abad se les ha invitado «a que constituyan la comisión de La Rioja Alta para unirse después a nosotros».
Para el directivo de Socapesca, la situación es tremendamente injusta pues «ni siquiera nos dan opción a ver el peritaje y se da el caso de que nos exigen daños que no podemos comprobar; por ejemplo en viñas que a día de hoy han sido arrancadas o en cultivos que actualmente están en barbecho. Todas estas reclamaciones son de agroseguro, «que vienen directamente exigiendo el dinero; y si no, a juicio».
CON LA CAZA MAYOR, «PAGAR Y CALLAR»
No obstante no son los únicos daños que causan los animales; sin ir más lejos, en la temporada 2009/2010 Socapesca tuvo que cobrar una derrama de 30 euros a cada uno de sus 385 asociados para acatar una sentencia judicial que, si bien en principio le fue favorable, ordenó finalmente que este colectivo pagara los daños de un accidente de tráfico causado por un animal.
El caso evidenció la falta de un criterio unitario al determinar la responsabilidad en los daños producidos por especies cinegéticas. Existen, eso sí, sentencias consideradas por los cazadores más lógicas que les hacen responsables cuando los accidentes son consecuencia directa de la caza; por ejemplo al irrumpir el animal en la carretera al ser acosado.
Para los cazadores calagurritanos el caso es sangrante, «pues se nos hace responsable en todo tipo de daños cuando ni gestionamos la caza mayor ni nos permiten practicarla». Explicado de un modo simple: los cazadores de Socapesca se quejan de que no son los propietarios de las especies de caza mayor (ciervo y jabalí), no se les permite controlar su población más allá de una batida al año a la que están obligados para poder arrendar al Ayuntamiento el coto de «Los Agudos», pero se les obliga a pagar los daños que éstos causen.
«Quiero que se me entienda: yo no estoy a favor de exterminar la caza mayor, pero sí de que se nos permita controlarla porque de lo contrario va a ser imposible atajar el problema», ha dicho Abad quien ha contrapuesto el caso de los daños originados por la gran población de conejos: «En ese caso al menos podemos evitar o paliar los daños que causan porque tenemos la gestión de la caza menor y nos permiten medidas extraordinarias que han venido a ser una solución».
La cuestión es qué ocurriría si las sociedades abandonaran los cotos. En ese caso, los ayuntamientos podrían intentar arrendarlos a otras asociaciones de cazadores ajenas a sus localidades; pero dados los gastos por daños esta posibilidad parece remota si no se varían las condiciones de explotación de la caza. Quizá en ese caso tendrían que ser las administraciones quienes se hicieran cargo de los daños, ha apuntado César Abad.
UN CASO PARALELO CON LA PESCA
El caso del desplazamiento y aumento poblacional de los corzos tiene cierto paralelismo con el de los cormoranes. Estas aves, que se alimentan de peces, son de origen eminentemente marino pero desde hace algunos años forman colonias en tierras del interior depredando sobre la fauna piscícola de ríos y embalses y causando notables pérdidas en las poblaciones de cotos de pesca.
Ante esta situación, vecinas comunidades como Navarra, han autorizado la caza del cormorán; sin embargo en La Rioja esa medida no se ha tomado y se está en «fase de control», como declarara no hace mucho a Europa Press el director general de Medio Ambiente, Miguel Urbiola.
Los miembros de la Asociación de Pescadores de Calahorra, Ascape, se quejan de los daños que los cormoranes causan en el coto de Perdiguero y de que Medio Ambiente no está tomando medidas al respecto: «Dicen que Medio Ambiente ha comprado seis rifles para eliminar algunos, pero desde luego por aquí no les hemos visto usarlos».
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