Me hago esta pregunta en relación con la anunciada amenaza de dimisión que hizo pública el director general de derechos de los animales, al conocer que el PSOE iba a registrar una enmienda al texto del proyecto de ley, solicitando la exclusión, entre otros, de los perros de caza.
Pues bien, el registro de la enmienda es un hecho, pero de la dimisión de García Torres e Ione Belarra nada sabemos aún. En mi opinión, es difícil que esto ocurra, porque su sagrada misión no ha terminado, aún cuando no consumen su golpe de gracia a los animales a los que les gusta cazar y llevan miles de años siendo seleccionados para ello.
Tengo claro que la víctima no somos los cazadores, sino nuestros perros, pero a ellos nada les importa porque no van a responder del daño que causen. Los ciudadanos respondemos de nuestras obligaciones con todos nuestros bienes presentes y futuros, como dice el Código Civil, pero todavía no conozco la norma que establezca la responsabilidad a los políticos por el daño causado al País por su negligencia. Así es nuestro sistema.
No dimitirán porque, aunque salgan de la ley los animales de trabajo, el proyecto recoge una aspiración a la que no pueden renunciar: institucionalizar el animalismo en el gobierno de la nación.
Este fin superior hará que, aunque tengan que tragar sapos con la exclusión de los perros de caza, no se puedan permitir el lujo de que, el Jefe, meta en un cajón el proyecto, como hizo inteligentemente Juanma Moreno en Andalucía (éste es otro tema). Si así ocurriera, se consumaría el fracaso del plan de la señora Narbona y sus socios de la Asociación Parlamentaria para la Defensa de los Animales y contra el Maltrato Animal (APDDA), después de 14 años esperando esta oportunidad.
¿Y cómo se institucionaliza el animalismo en esta norma? Se lo explico al lector brevemente. Para empezar, con la aprobación del texto, este nuevo ministerio de asuntos sociales y agenda 2030, cajón de sastre para las utopías podemitas en esta legislatura y pago por el sillón presidencial (uno de ellos), asumiría todas la competencias sobre los animales de compañía y muchas sobre animales del resto de categorías, incluidos animales de producción en detrimento de un ministerio profesional, como es el de agricultura en el que no tenían margen de movimiento. Primer paso.
Segundo paso. Para continuar, el proyecto prevé la creación de una serie de organismos dependientes del ministerio podemita, en el que se van a colocar a dedo muchos miembros de esta secta, a saber: Consejo Estatal de Bienestar Animal, Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales, Sistema Central de Registros para la Protección Animal, que estará integrado por el Registro de Entidades de Protección Animal, el Registro de Profesionales de Comportamiento Animal, el Registro de Animales de Compañía, el Registro de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Seguimos con un sistema de Estadística de Protección Animal y el Plan Estatal de Protección Animal.
¿Se imaginan el chollo que es poder disponer de la posibilidad de colocar a todos los amiguetes en esta serie de chiringuitos? ¿Cómo se lo van a perder la Velara y sus secuaces? La cosa no termina aquí, en cuanto a la financiación en materia de protección animal, el proyecto contempla la posibilidad de conceder financiación a las más de 3.000 protectoras de animales que hay en España. ¿Los perros de caza les van a hacer perder este filón? Llegados a este punto, creo que alguien debería informar a la sociedad en general que parte de lo que pagan con sus impuestos, va a ir destinado a mantener a toda esta tropa, engordada por sus secretarios, subsecretarios, asesores, etc…
Tercer nivel. Suma y sigue, porque el proyecto de ley, además, viene a crear una especie de policía política, animalista por supuesto, al conceder a las sociedades protectoras facultades para el «rescate» de animales, incluidos de producción (si se llevan su vaca, a lo mejor es para buscarle un futuro mejor). Este sistema de vigilancia animalista incluye la obligación para los profesionales de la veterinaria y todos los funcionarios públicos a delatar a los ciudadanos ante la jurisdicción animalista.
Como no podía ser de otra manera, la norma prevé el adoctrinamiento de los funcionarios públicos en el animalismo para «sensibilizarlos» con los derechos de los animales. Tal es el grado de poder que otorga a las protectoras que les reconoce la condición de colaboradores de los agentes de la autoridad. Es decir, que en el caso de una inspección o registro, nos tendremos que tragar a estas personas sacando fotos de nuestros animales e instalaciones y publicando luego sus comentarios en las redes sociales. El linchamiento mediático está servido y a ese plato creo que tampoco van a renunciar.
A la velocidad que suceden las noticias, a lo mejor cuando salga este artículo ha ocurrido algo que lo deja sin interés, pero sumiremos el riesgo. Mucho se juegan los promotores de esta norma para renunciar a su aprobación. Seguramente traguen con la excusión de los perros de caza como un mal menor, un objetivo para nosotros importante, pero que no está aún conseguido.
A lo que no van a renunciar nunca, es a adoctrinar a nuestra Sociedad, porque esa es la finalidad misma de esta ideología radical. Ese es el auténtico peligro para la Caza. Si además, con ello va el sueldo y queda para repartir a los socios, blanco y en botella.
Alfonso Aguado Puig
Presidente A.E.R.
Vicepresidente O.N.C.
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