Abdon Blay, de 30 años, camina como puede por el reguero de tallos rotos, quebrados y pisados. Es lo que queda de su campo de maíz en Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Varias personas lo destrozaron el lunes pensando que el cultivo experimentaba con semillas transgénicas. Blay cultiva maíz modificado, pero comercial, igual que la mayor parte de los agricultores catalanes. Este año la cosecha irá a la basura. La protesta le ha salido por más de 4.500 euros.
Blay estaba cogiendo melocotones en su plantación de Gualta cuando le llamó un payés vecino. «Me dijo: ‘¿Has visto cómo tienes el campo? Parece que han entrado jabalíes, pero de dos patas», recuerda en jarras, frente al desastre, y cubierto con una gorra que viene que ni pintada. Rondaban las diez de la mañana.
Al principio no entendía nada de lo ocurrido. «Luego até cabos». Blay había estado negociando con la multinacional Syngenta, especializada en la investigación de semillas transgénicas, para ensayar en su parcela. En enero llegaron a un acuerdo, pero al final la cosa se paralizó. Syngenta asegura que decidió no seguir adelante. La Generalitat aduce que no les autorizó la siembra porque el campo de Blay estaba muy cerca de una zona protegida.La parcela estaba en la lista de lugares de ensayo en España que el Ministerio de Medio Ambiente facilitó a la asociación ecologista Amigos de la Tierra en mayo y que estos colgaron en su página web. Un grupo radical la utilizó para destrozar el campo de Blay. Unas semanas antes, también arrasaron otro en Zaragoza.
«Son ecologistas de mentira, estos van en contra de todo», lamenta el payés, que tenía previsto cosechar en septiembre 17 toneladas de maíz de su campo de 1,09 hectáreas. «Intenté venderlo a alguien que tuviese vacas, pero no hay manera, está todo chafado», dice, mientras supervisa que el tractor que está trinchando la cosecha no se caliente demasiado y siga partiendo en trocitos el maíz.
Al agricultor también le escama que los Mossos d’Esquadra y el Departamento de Agricultura supiesen de antemano que un grupo de ecologistas radicales rondaba por la zona. «Un colectivo envió unos panfletos de convocatoria y se avisó a los Mossos», reconoce una portavoz de la Administración. La policía autonómica admite que los jóvenes estaban en Girona desde el 6 de julio, pero aduce que desconocía que iban a destrozar un campo de maíz.
Por ahora, no hay nadie que se autoinculpe con nombres y apellidos. Los Mossos tienen varios sospechosos, como el colectivo francés Mundo Solidario, la organización Segadores Voluntarios o la mezcla de ambos, junto a algún grupo catalán.
Mientras, los blogs arden. «La acción se preparó durante varios meses», escribe uno de los supuestos ecologistas. El relato, cargado de literatura, habla de un «grupo franco-español» de un centenar de personas entre 15 y 25 años que llegaron al campo a las seis de la mañana «en dos procesiones de más de 15 vehículos». En 10 minutos, acabaron con el maíz de Blay, rompiéndolo tallo a tallo.
Syngenta ha dado apoyo legal al agricultor. «Nos temíamos lo que iba a pasar y ha pasado. Hasta ahora el Ministerio no había dado nunca un listado completo», explica su responsable de Asuntos Regulatorios de Biotecnología, Esteban Alcalde.
Amigos de la Tierra no se arrepiente de haberlo colgado en Internet. «Lo primero es el derecho de información. No se puede decir que hay un motivo de desorden público para no darla», justifica su responsable de Agricultura y Alimentación, David Sánchez.
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que no tenía más remedio: «Es obligatorio dar la información, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Los particulares que hacen estos ensayos saben que tenemos que facilitar la información, si no el Ministerio podría ser acusado de prevaricación». El director de la fundación Antama (dedicada a informar de temas de biotecnología), Juan Quintana, teme que se puedan producir más episodios.
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra quieren dejar ya de lado los sabotajes y debatir sobre el contexto de los transgénicos en España. «Es necesario plantear los argumentos científicos que hay en contra», aduce Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. Blay no le ve el mal a los experimentos. Su prioridad es que la policía coja a quien le ha destrozado el campo.
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