En apenas un par de días
echará el telón un 2014 de
luces y sombras en lo que al campo se refiere.
Este año se ha convertido en una
encrucijada agroganadera, marcado en forma
de sombras, sobre todo, por la
aprobación definitiva de una nueva
Política Agraria Comunitaria (PAC)
—que no ha dejado contentos a muchos
profesionales del sector—, las
pérdidas provocadas por el veto ruso y
una preocupante volatilidad de precios.
La entrada en vigor de la Ley de mejora
de la cadena alimentaria y la rebaja del
impuesto especial de electricidad para
regadío, han puesto las luces.
Tras el correspondiente largo periodo de
negociación, finalmente, el pasado 19
de diciembre se aprobaron los reales decretos
que recogen las normas de aplicación
de la reforma de la PAC en España.
Organizaciones agrarias como COAG y UPA han
mostrado su indignación y
decepción ante las modificaciones de
última horas introducidas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (Magrama), a instancias de
la Comisión Europea. Estas
organizaciones agrarias insisten en que las
excepciones que recoge el texto final
facilitarán cobrar las ayudas a titulares
no activos, que en principio iban a ser
expulsados del sistema en base al no
cumplimiento del nivel de ingresos
mínimos provenientes de las actividad
agraria que recoge la definición de
agricultor activo (20%). Para ellas, se abre
así la puerta a cazaprimas, absentistas,
grandes propietarios de tierra e, incluso, cotos
de caza, que no tienen actividad agraria real.
«Se han tirado por tierra todas las expectativas
que se habían generado respecto a una
reorientación de la PAC a favor del
agricultor activo y de un modelo social y
profesional agrario, sostenible y de futuro para
nuestro país», han lamentado desde
COAG. «A nivel general se consolida una
Política Agraria Común que
profundiza en la eliminación de los
mecanismos de regulación del
mercado, caldo de cultivo para la volatilidad
de precios, fenómeno que lastra la
rentabilidad de las explotaciones y frena la
innovación», añadieron desde la
organización. Asaja, por su parte,
confía en que el Gobierno central vigile
que cobre las ayudas quien realmente ejerza
actividad en el campo.
Otro de los problemas de 2014 ha sido el
de precios a la baja frente a costes con
tendencia al alza. La renta agraria en
términos corrientes ha disminuido un
7,1% en 2014, tal y como recoge la primera
estimación publicada por el Magrama y
dada a conocer por COAG. Ese informe
señala un recorte del valor de la
producción agraria total del 3,9%,
fundamentalmente por una caída del
6,2% en los precios a pesar del aumento de la
producción del 2,4%. Por sectores,
destacan las pérdidas de valor de
patata (-41,3 %), vino y mosto (-41,0 %),
cereales (-20,8 %), frutas (-13,0 %) y plantas
forrajeras (-10,5 %).
También el año que ahora
expira será recordado por el del veto
ruso, que irrumpió de lleno en plena
campaña de exportación de fruta
de hueso. Durante ese periodo, las
cotizaciones en origen se desplomaron un 75%
y los productores de melocotones, nectarinas y
ciruelas tuvieron que afrontar grandes
pérdidas. Se estima que, en algunas
zonas, entre un 20 y un 30% de la
producción no pudo enviarse a destino.
Para organizaciones como COAG y UPA, las
medidas extraordinarias puesta en marcha por
la UE no tuvieron el efecto deseado porque
fueron tardías e insuficientes «y las
comercializadoras de las principales zonas de
producción pasaron
olímpicamente de acogerse a las
medidas de retirada de producto». El efecto
dominó del veto ruso también
ha pasado factura los productores de porcino,
que han soportado una caída de precios
por debajo de los costes de producción
en segundo semestre.
Entre lo más positivo para el
campo en 2014 destaca la exención del
85% del impuesto especial de la electricidad
para los regantes, definitiva y estructural, para
compensar el incremento de costes por la
nueva tarificación eléctrica.
Fruto de la mesa de negociación
celebrada entre las organizaciones agrarias y el
Ministerio de Agricultura, una
explotación media tendrá un
ahorro de 650 euros en su factura.
También se ha conseguido mantener el
régimen de cotización de
módulos para el sector agrario en la
reforma fiscal aprobada por el Gobierno, una
buena noticia para agricultores y
ganaderos.
Hace unos días, la
organización agraria COAG destacaba
en un informe que el tirón exportador
agroalimentario no está teniendo su
reflejo en la renta de los productores agrarios.
Y es que desde 2003, el campo ha perdido un
13% de su renta agraria, tal y como refleja el
análisis elaborado por el departamento
de Economía de dicha
organización agraria sobre los
últimos datos publicados por el
Magrama. Sin embargo, en ese mismo
periodo, las exportaciones agroalimentarias se
han disparado un 73%. «Los agricultores y
ganaderos no están participando del
valor añadido de nuestras producciones
en los mercados internacionales. Tenemos que
acabar con los desequilibrios en la cadena para
que, del campo a la mesa, el valor se reparta
de forma equitativa entre productores,
industria y distribución», ha subrayado
al respecto Miguel Blanco, secretario general
de COAG.
Para intentar acabar con estos
desequilibrios, en 2014 ha entrado en vigor la
Ley de mejora del funcionamiento de la
cadena alimentaria, de la que se espera que
en 2015 tenga resultados tangibles. Con esta
normativa, desde el pasado 3 de enero es
obligatorio formalizar contratos por escrito,
antes de la entrega de la producción,
determinando el precio del producto y plazos
de pago, erradicando así la ‘venta a
resultas’, tan extendida en el sector agrario.
En este aspecto, es destacable la
actuación de la Agencia de
Información y Control Alimentarios
(AICA), que surge con la puesta en marcha de
esta ley para perseguir y sancionar las
prácticas comerciales abusivas. Desde
COAG insisten en que «en 2015 trabajaremos
de forma intensa en la elaboración del
Código de Buenas Prácticas. En
ese sentido, pedimos valentía al
Magrama para apostar por un código
que prohiba el uso de productos reclamo o la
venta a pérdidas, incluya la figura de
un mediador con suficientes competencias, que
priorice los productos de temporada y de
proximidad, y obligue a respetar los plazos de
pago de 30 y 60 días para productos
perecederos».
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