En toda Europa, más de 7 millones de personas practican la caza anualmente. En los últimos años el número de aficionados se ha mantenido más o menos estable, pero como consecuencia de la pandemia de Covid-19 un mayor número de personas se está aficionando a las actividades al aire libre, sobre todo entre los más jóvenes, por lo que varias asociaciones nacionales de caza en Europa han registrado un aumento de sus miembros. En Alemania, por ejemplo, hay 60.000 licencias de caza más que hace 20 años y la mayoría de los solicitantes dicen que se debe a que les interesa la naturaleza de su entorno inmediato, quieren protegerlo y poder conseguir su propia comida.
Es cierto que la mayoría de los europeos no tienen su propio punto de vista sobre la caza, pero muchos políticos son conscientes de los beneficios de ésta, gracias al buen trabajo que realizan las organizaciones nacionales de caza. Aunque los medios de comunicación y algunas ONG a veces nos hagan pensar lo contrario, la caza sigue gozando de una gran aceptación social en la generalidad de los países, como es el caso de Suecia, donde el 89% de las personas expresaron una opinión positiva sobre la caza en una gran encuesta ciudadana realizada en 2017. La caza, goza pues de buena salud, pero creo que a veces perdemos la perspectiva y llegamos a creer que algunos partidos políticos y ONG bulliciosas representan la gran amenaza a la actividad que muchos amamos. Sin embargo, la batalla se está jugando en un campo muy lejano, desconocido y sigiloso, pero del que pueden surgir realidades devastadoras. Este campo de batalla se sitúa en Bruselas.
Es evidente que la política europea y la nacional están íntimamente interrelacionadas, y que antes o después todo lo que se decide en las instituciones europeas tiene consecuencias prácticas en la vida diaria de los españoles.
La actividad de la caza no es una excepción: más del 75% de la normativa que afecta a la caza y la conservación a nivel nacional procede de la Unión Europea.
De las 43 leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2020, siete leyes transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 21 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.
EL ESCENARIO
En Bruselas, los llamados «decision makers» deciden sobre una multitud de temas y son responsables de numerosas políticas, como las que afectan a los grandes carnívoros, las aves migratorias, la biodiversidad y la política agrícola, las armas de fuego, las zonas protegidas, las municiones, las especies exóticas invasoras, la comunicación y la legislación sobre sanidad animal. En torno a estos «decisión makers» existe una gran numero de organizaciones públicas y privadas que les transmiten los intereses legítimos y legales de las personas a las que representan.
En lo que respecta a la caza, FACE (European Federation for Hunting and Conservation) calcula que por cada organización que trabaja a favor de la caza en Bruselas, hay 30 grupos de presión que trabajan en contra de la caza.
La Comisión Europea, a través de su famoso «Pacto por el clima» (Green Deal), está impulsado sabiamente una enorme cantidad de normas con vistas a combatir el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Algunas organizaciones anti caza han aprovechado la oportunidad para ideologizar los debates y poner en el punto de mira a la caza, como si fuera el origen de todos los males y su prohibición la salvación de Europa.
Por todo esto, creo que es importante que los cazadores europeos cuenten con voces solventes en Bruselas, así como crear una base científica para explicar los problemas, aportar datos e información objetiva a las instituciones europeas y a los «decision makers», y ayudar a estos en su trabajo de lograr una transición ecológica justa y correcta en la que la caza no sea el problema si no parte de la solución.
GERARDO ARROYO
DELEGADO DE LA RFEC EN FACE (EUROPEAN FEDERATION FOR HUNTING AND CONSERVATION)
Fuente. HOY.ES
Cargando...
