El Congreso de los Diputados
aprobó ayer la nueva Ley de Parques
Nacionales. El texto da luz verde al desarrollo
de actividades como la caza, la pesca o la tala
comercial hasta el año 2020 gracias a la
prórroga de seis años recogida
en una de las 17 enmiendas (la 278)
incorporadas al texto tras su paso por el
Senado, todas ellas aprobadas por el apoyo
mayoritario del Partido Popular.
Esa enmienda introduce dos variantes en
la prórroga actualmente vigente para
estas actividades incompatibles en los parques
nacionales:la primera, que hace extensiva la
misma a todos los parques y no sólo a
los de Cabañeros, Picos de Europa,
Sierra Nevada y Doñana que ya estaban
incluidos en la prórroga vigente hasta
2017; la segunda, que envía el
horizonte de estas actividades tres años
más allá, hasta 2020, y rebaja
con ello la pretensión inicial del PP,
grupo que impulsó la enmienda, de
prorrogar estas actividades sin fecha de
finalización.
Ese justo medio con el que se
aprobó de manera definitiva la ley no
consiguió agradar a nadie, ya que
colectivos de cazadores como Atica o Aproca
consideran esta ampliación
«insuficiente», mientras que los
ecologistas hablan de la «peor noticia
posible» para estos espacios protegidos.
La provincia de Ciudad Real cuenta con dos
parques nacionales dentro de la red, Las
Tablas de Daimiel y Cabañeros, dos
entornos de diferentes características
que quedan englobados de manera conjunta en
la enmienda 278 que prorroga la caza, la pesca
y la tala comercial durante los
próximos seis años, algo que las
organizaciones que defienden la permanencia
de estas actividades aseguraron «no
entender».
Para Atica, la prórroga que
establece la nueva Ley de Parques Nacionales
es «insuficiente», porque
aprovechamientos como la caza, la pesca o el
descorche de árboles «no son ni
mucho menos incompatibles con el
mantenimiento y el desarrollo del
parque», aseguró su presidente,
Juan Caballero. El debate en Ciudad Real se
centra en el Parque Nacional de
Cabañeros, una extensión que
engloba propiedad pública, terrenos
municipales y fincas privadas pertenecientes
hasta a trece propietarios diferentes,
según información del
Ministerio de Agricultura que recoge Europa
Press. «Si eliminan la caza a partir de
2020 tendrán que indemnizar a
ayuntamientos y a particulares, y no
sólo por la prohibición del
aprovechamiento, sino por la
depreciación de la finca»,
afirmó Caballero, que explicó
que la prohibición de estas actividades
a partir de 2020 «llevará a la
ruina a muchos pueblos».
Atica pone como ejemplo Navas de
Estena. «No se trata sólo de los
empleos que genera la actividad
cinegética, sino que tampoco se
podrá hacer ningún
aprovechamiento forestal ni agrícola en
los terrenos públicos, por lo que los
municipios se encontrarán con
extensiones sin uso», afirmó el
presidente de Atica. Además, para
Caballero existe una realidad que la
Administración no puede soslayar,
«y es que más allá de
2020 se va a tener que hacer el control
poblacional, y van a tener que destinar una
gran inversión para ello ocupando
fondos que se podrían emplear en el
desarrollo del parque nacional». Por eso,
«si quieren prohibir la caza, tienen que
expropiar y pagar los terrenos».
El presidente de Aproca, Luis Fernando
Villanueva, también habla de
Cabañeros a la hora de afrontar el
debate sobre la caza. «Entendemos que
en un parque como Las Tablas se
prohíba todo tipo de caza, pero en un
bosque mediterráneo como
Cabañeros, si se deja de cazar, en diez
años no tendremos parque»,
explicó. Villanueva afirmó que
la solución intermedia adoptada por el
Grupo Popular, como impulsor de la enmienda,
«es poco valiente, porque debía
haber respetado el texto original que no
tenía plazos», y lamentó
que el Gobierno «haya cedido a las
presiones de grupos ecologistas».
Además, afirmó, «se han
vertido muchas falacias en este sentido,
porque nosotros no defendemos, como dicen,
llenar todos los parques de escopetas, sino
mantener el aprovechamiento actual de ciertos
parques y no en todas las extensiones, pero
sí en las fincas privadas y en los
montes municipales». Villanueva
también hizo hincapié en los
municipios del parque. «Muchos viven de
la caza y de la actividad cinegética, y
prohibirla a partir de 2020 sería un
golpe fatal para sus
economías».
Ecologistas.
Si el nuevo texto de la Ley de Parques
Nacionales no convence al sector
cinegético, tampoco logró la
aprobación de las asociaciones
ecologistas, que elevaron su crítica a la
prórroga de seis años para estas
actividades incompatibles en los parques
nacionales nada más conocerse la
noticia de la aprobación del
documento.
Para Ecologistas en Acción de
Castilla-La Mancha, el visto bueno del
Congreso al texto es «en el día
del decimonoveno aniversario de la
creación del Parque Nacional de
Cabañeros, la peor noticia para el futuro
de este espacio protegido». La
asociación cree que el Gobierno
«desaprovecha la oportunidad de
solventar un problema que ya tenía
fecha de vencimiento», y abre la puerta
a que esta prórroga no sea la
última, por lo que acogió con
esperanza «el pacto de la
oposición de derogar la ley».
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