El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha enviado dos escritos al Ayuntamiento de Villavicencio de los Caballeros en los que recuerda que, «independientemente de las sanciones a que hubiera lugar, la aparición repetida de venenos en un coto de caza es razón suficiente para que la Consejería de Medio Ambiente pueda establecer la veda total» de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Caza.

Asimismo, recuerda que las autoridades regionales han solicitado al titular del coto de Villavicencio, «como titular de los derechos cinegéticos y como parte responsable de la actividad cinegética del acotado, y por tanto del cumplimiento de la normativa, el establecimiento de la adecuada vigilancia» para que no se repitan en el futuro acciones cuyo resultado ha sido el envenenamiento de especies asilvestradas. El último escrito es del pasado 31 de mayo. En él, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Francisco Javier Muñoz, relata al alcalde, Alberto de Paz, que el 19 de abril de este año fue recogido un ejemplar de aguilucho lagunero y otro de lagarto ocelado muertos «y con aparentes signos de envenenamiento procedentes del coto privado de caza ‘El Pocico’».

El regidor indica al respecto de la advertencia de Medio Ambiente que la primera medida que ha tomado ha sido trasladarlo a la población a través del tablón donde se hacen públicas todas las notificaciones. De Paz aprovecha para hacer un llamamiento a los vecinos y advertir de que se trata de hechos «graves» sobre los que ya ha tomado medidas tanto el Ayuntamiento como el coto de caza, si bien puntualiza que no está claro el origen de dichos envenenamientos y que ni tan siquiera se sabe si se ha producido en el término de Villavicencio. «Puede que hayan ocurrido en otro municipio y que los animales hayan venido a morir aquí», añadió.

Investigación

Los cadáveres de los dos animales fueron entregados en el centro de recuperación de animales silvestres de Valladolid, donde fueron analizados y, ante los aparentes síntomas de envenenamiento fueron enviadas muestras al Laboratorio Forense de Vida Silvestre de Madrid, a fin de efectuar un análisis toxicológico «para la determinación del agente de envenenamiento». Llovía sobre mojado. Y es que el 14 de marzo fue recogido en el mismo coto otro aguilucho lagunero muerto y también con signos evidentes de haber sido envenenado.
La primera advertencia de Medio Ambiente al Ayuntamiento es que «la utilización de venenos y cebos envenenados en el medio natural constituye una de las prácticas más lesivas para la conservación y supervivencia de numerosas especies de la fauna silvestre». La segunda, la prohibición expresa del uso de venenos por las leyes nacionales y regionales.

Responsabilidades penales

La tercera, que «las consecuencias pueden ser graves, no solo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas, con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas» esas prácticas con los venenos.
De hecho, en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta constan comunicaciones de algún particular indicando que sus animales (concretamente galgos) han sufrido signos de haber probado en el campo restos de animales envenenados, con el consiguiente riesgo de intoxicación que les causó, lo que generó importantes gastos veterinarios para su curación.

También recuerda la Junta que «todas las administraciones públicas deben adoptar diferentes medidas en el ámbito de sus competencias, dirigidas a la erradicación de estas prácticas» con venenos. Y advierte de que se puede decretar la veda total en el coto en el caso de que el Laboratorio Forense confirme que los animales fueron envenenados por la colocación consciente de venenos. Por de pronto, la vigilancia ha aumentado en las últimas semanas en este terreno, según han confirmado a este periódico las autoridades regionales.
Todo esto ha surgido cuando faltan apenas dos meses para que se abra la media veda de la codorniz en la comunidad autónoma, que comenzará el 15 de agosto.