El Proyecto de Ley de Parques
Nacionales, que se encuentra en fase de
tramitación en el senado, ha dado hoy
un nuevo paso tras quedar registradas todas
las enmiendas.
Entre esas enmiendas hay una que
está levantando especial polvareda y
es la 278, que finalmente sigue adelante pero
con algunas modificaciones, la más
significativa es que se pone un plazo de seis
años para que los propietarios de
derechos y el Estado lleguen a un
acuerdo.
En teoría, y en virtud de la Ley de
Parques Nacionales aprobada en el año
2007 y que a día de hoy es la vigente,
los titulares de los terrenos perderían
en el año 2017 ciertos derechos, entre
ellos los de la caza, pero a cambio,
deberían ser indemnizados por la
administración central. En
previsión de que la
compensación no va a llegar a tiempo
pues ahora mismo se está haciendo
una valoración de esos derechos, esa
enmienda, pretende prorrogar en el tiempo
esos derechos de los propietarios hasta que
sean indemnizados por la pérdida que
se contempla de los mismos. En un principio,
no se establecía una fecha concreta,
pero hoy mismo, el PP en el senado ha
incluido una modificación en la que se
dice: “Las Administraciones
Públicas adoptarán, en un plazo
máximo de seis años a partir de
la entrada en vigor de la presente Ley, las
medidas precisas para adecuar la
situación de los parques nacionales ya
declarados a la entrada en vigor de esta Ley a
las determinaciones contenidas en los
artículos 6 y 7 de la misma, con la
excepción de lo relativo a las
superficies mínimas establecidas en el
artículo 6.1 c). En los casos en que la
adecuación afecte a derechos de
terceros, las Administraciones Públicas
promoverán la celebración de
acuerdos voluntarios o en su defecto,
aplicarán los procedimientos de
expropiación forzosa o rescate de los
correspondientes derechos”.
Para que el asunto pueda entenderse de
una mejor manera, lo más efectivo es
descender al terrero y fijarse en los dos
parques nacionales que hay en Castilla y
León: Picos de Europa y Guadarrama y
que por otra parte, el modo en que les afecta
es algo diferenciado.
El Parque Nacional de Picos de Europa,
cuenta con 64.660 hectáreas, de las
que 24.719, están en la vertiente
castellano y leonesa. De ese número,
alrededor de 23.000 hectáreas, son
Reserva Regional de Caza, lo que quiere decir
que los propietarios de esos terrenos reciben
un dinero por la explotación
cinegética, es decir, por los
derechos.
La mayor parte de esta superficie se
asienta en dos términos municipales
completos, Posada de Valdeón y Oseja
de Sajambre, que cada año reciben, en
función del precio de la caza,
cantidades por los 10 o 20 jabalíes que
se abaten, alrededor de 15 ciervos, seis corzos
y tres lobos, según estimaciones de la
consejería de Medio Ambiente.
Todo eso, ahora hay que capitalizarlo, y lo
cierto es que el precio de la caza ha bajado
mucho desde que se promulgó esa ley
y que los cálculos de aprovechamiento
que se están haciendo, van en
función de los precios medios que se
están dando en las subastas
actuales.
El senador del PP y portavoz de la
comisión de Medio Ambiente, Vicente
Aparici, insiste en que “no se pueden
eliminar los derechos de algunos sin que sean
compensados pero esta enmienda no supone
ningún cambio con respecto a la ley
anterior, a lo que ya tenemos, es una
garantía jurídica para quien
tiene un derecho”.
En relación a la
modificación precisa que
“después de las negociaciones
con los ecologistas y propietarios, se ha
determinado este planteamiento y lo que
cambia es que se ha establecido un plazo de
seis años, en 2020 se tiene que haber
llegado a un acuerdo”.
Por otra parte matiza que “la ley es
genérica y derechos hay muchos, no
solo de caza”.
En lo que a Guadarrama se refiere, la
vertiente de Castilla y León abarca
11.000 hectáreas de las que unas 3.000
son del Estado, unas 5.000 de la Junta y 3.000
más, pertenecen a ayuntamientos o
entes privados, entre los que estarían
cotos de caza e incluso, la explotación
de una mini central. Después de lo
dicho, la incidencia sería mucho mayor
en Picos, en el caso de Guadarrama,
están afectados algunos trozos de los
municipios y la caza se asienta en zonas muy
altas por lo que el aprovechamiento, es
menor.
Esta circunstancia se puede comprobar en
el Real Sitio, municipio incluido en el parque
nacional pero en cuyo caso, las
hectáreas afectadas son propiedad del
Estado y, evidentemente, no se va a
autoindemnizar. El alcalde socialista,
José Luis Vázquez así lo
explica: “no nos afecta porque del
ayuntamiento no es ni un metro cuadrado pero
sí que nos afectan otras enmiendas que
se han presentado a ese proyecto de
ley”.
En concreto, a través de la
asociación a la que pertenecen,
AMUPARNA, Asociación de Municipios
con Territorio en Parques Nacionales,
“hemos pedido formar parte de los
órganos gestores de esos parques como
ayuntamientos, con voz y voz”, y por
otra parte, “que se establezcan
consignaciones presupuestarias de forma
obligatoria, es decir, que se compense con
inversiones y subvenciones”.
Igualmente, señala que su partido
“había presentado una enmienda
en la que se pedía que los vecinos
pudieran volver a disfrutar de la caza, algo que
se perdió porque se modificó la
propuesta de la Junta en la que sí se
preveía que se continuara cazando pero
no se ha tenido en cuenta y esperaremos a
otro momento”.
El proceso para esta Ley de Parques
Nacionales seguirá su curso y tras ser
aprobada hoy en comisión, del 11 al 13
de noviembre irá al pleno donde se
aprobaría. Durante todo el
trámite se puede negociar en la
comisión o en el pleno, que es donde
normalmente se hacen las transaciones.
Aparici reconoce que “puede haber
negociaciones hasta el pleno pero no parece
que vayan a hacer cambios una vez que se ha
introducido un plazo concreto”.
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