La formación es fundamental para la práctica de la caza. Lo dicen los expertos. Y no sólo en relación a la manipulación de armas de fuego. Hay que tener un conocimiento perfecto de las reglas que la regulan.
Que un profesional asuma que debe descargar la escopeta cuando se acerca a un grupo de personas o que nunca debe disparar hasta conocer la especie a la que apunta puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.
El pasado febrero, precisamente, se produjeron dos fatales accidentes en circunstancias relacionadas con estas dos cuestiones, que de hecho, están perfectamente reguladas en la ley de Caza de la Comunitat. En uno de los casos, falleció un hombre al dispararse el arma de otro compañero cuando estaban dentro de un vehículo. En el otro, el cazador murió al ser confundido con un jabalí. De ahí la importancia de extremar las precauciones.
Una de las medidas contempladas en la citada normativa, aprobada a finales de 2004, era la creación de una prueba de aptitud de carácter obligatorio para aquellos profesionales que optaran a sacarse la licencia de caza, que debía servir para garantizar la mayor seguridad posible a los cazadores y a su entorno. Pese a su importancia, al ser requisito indispensable para conseguir la autorización administrativa, todavía no se ha concretado, casi siete años después de la entrada en vigor de la ley.
Tal y como explicaron ayer fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, la prueba continúa en fase de estudio. Aunque aseguraron que no se ha dejado de trabajar en ella, el tiempo transcurrido no agrada a los profesionales del sector, que han reclamado una y otra vez la implantación del examen, así como el desarrollo de otros reglamentos relacionados con la normativa.
Vigencia de la prueba
La ley de Caza contemplaba un par de años para desarrollar el examen, al establecer que las pruebas de aptitud «serán exigibles a partir del segundo año de publicación». Por lo tanto, tendría que estar vigente, por lo menos, desde finales de 2006.
Además, su superación debía ser obligatoria para aquellos cazadores que consiguieron su licencia con posterioridad al 1 de enero del año en que entró en vigor. Teniendo en cuenta que la ley está operativa desde el 30 de diciembre de 2004 -un día después de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat-, el examen sería un trámite ineludible para todos aquellos que la consiguieron a partir de 2004. Según los datos que maneja la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, desde entonces han conseguido la autorización alrededor de 8.000 profesionales. En otras palabras, la temporada cinegética ha comenzado con miles de cazadores que pese a su experiencia se han librado de pasar la prueba.
Según la orden de vedas para este año, la primera modalidad de caza deportiva autorizada es la del conejo, eso sí, sin armas. Para ello se utilizan perros y garrotes, y se permite desde el 17 de julio. Para el resto de prácticas la fecha común es el 12 de octubre, como sucede con la caza con arco, con cetrería o la caza en mano o al salto. Sin contar las prórrogas que se autorizan, que llegan hasta febrero, como sucede con la del jabalí, la temporada suele terminar en el mes de diciembre.
A principios de año, después de que se registraran dos accidentes mortales en sendas batidas de jabalíes, la Conselleria creó un grupo de trabajo cuyo objetivo era desarrollar el examen. Incluía a miembros de la Administración autonómica, de las entidades de caza más representativas de la Comunitat Valenciana e incluso del Seprona (la sección medioambiental de la Guardia Civil).
Tras la primera reunión, se dijo que el examen sería de tipo test, en el que el interesado tendría que demostrar sus conocimientos sobre los contenidos de la ley de Caza. Uno de los bloques temáticos estaba relacionado con medidas de seguridad y con las diferentes modalidades, otro hacía referencia a las especies cinegéticas, con el objetivo de saber diferenciar aquellas que gozan de algún tipo de protección, mientras que los dos restantes iban a versar sobre cuestiones como las infracciones y los derechos y deberes del profesional.
Entonces, se dijo que el retraso en el desarrollo de la prueba se debió en parte a las negociaciones que se mantenían con varias autonomías para establecer un examen común, de manera que un cazador valenciano pudiera desplazarse a otras regiones para la práctica cinegética. En comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja y Canarias ya se exige la prueba de aptitud como requisito para obtener la licencia.
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