En un plazo de entre dos y tres
meses, y si la Abogacía de la
Generalitat no pone ninguna objeción,
el Diario Oficial de la Comunitat
publicará la orden por la que se regulan
las nuevas pruebas de aptitud necesarias para
la obtención de la licencia de caza en
la Comunitat; un examen que pretende
garantizar la formación de los
cazadores noveles, es decir, aquellos que
hayan conseguido la licencia con posterioridad
al 1 de enero de 2015.
El trabajo desarrollado por la
Federación de Caza de la Comunitat,
junto con la buena predisposición y
comprensión de la directora general del
Medio Natural, Salomé Pradas, ha
servido para pulir el borrador inicial de la
norma que, según el responsable del
gabinete técnico de la entidad,
Román Samper, «hubiese sido
muy perjudicial para los cazadores
valencianos»; un colectivo que, en los
últimos 25 años ha perdido en la
Comunitat más de la mitad de sus
miembros. Así, de las 118.000 licencias
de caza contabilizadas en 1992 se ha pasado a
las poco más de 50.000 actuales. Y la
tendencia sigue a la baja año tras
año, puesto que la entrada de nuevos
aficionados es muy reducida.
En un primer momento, el borrador de la
orden establecía que superar este
examen era obligatorio para todo aquel que
hubiese obtenido la licencia desde la
aprobación de la Ley de Caza de la
Comunitat, en diciembre de 2004, en su
artículo 6, ya establecía:
«Son requisitos para la obtención
de la licencia de caza haber cumplido 14
años, tener superadas o convalidadas
las correspondientes pruebas de aptitud y tener
suscrito un seguro de responsabilidad
civil».
Sin embargo, han tenido que pasar once
años para su puesta en marcha y, en un
primer momento, se pretendía que su
efecto fuese retroactivo, cuestión que
finalmente se ha modificado y el examen
únicamente se podrá exigir
para aquellos que obtengan su primera licencia
a partir de este año.
De esta forma, destacó Samper,
los cazadores noveles podrán contar
con una formación actualizada, tanto
teórica como práctica, y de
mayores garantías de cara a la
sociedad, aunque se muestra a la expectativa
a cómo afectará la medida a la
entrada en este sector de nuevos aficionados.
Sin embargo, sí han notado que los
cazadores más jóvenes son,
precisamente, los que mejor han recibido la
noticia de la nueva formación.
Otro de los cambios que también
aplauden desde la federación es la
reducción «de la carga
horaria» del curso de aptitud, que
inicialmente se propuso de 40 horas y
finalmente se ha reducido a 20, con la
posibilidad añadida de hacerlo
online.
Este portavoz de la institución
recordó la importancia que la caza
tiene, por ejemplo, para el control de especies
cinegéticas como el jabalí, el
conejo o los ciervos, cuya
superpoblación causa graves
daños en la agricultura y provocan
accidentes de tráfico.
Entidades homologadas
Por otra parte, Samper apuntó que
la formación se impartirá a
través de las entidades homologadas
(entre ellas, la federación valenciana),
y que constará tanto de una parte
teórica como práctica, en la
que se incluirán conocimientos sobre el
territorio y la geografía, las armas, las
especies, los periodos de caza o la
legislación vigente, entre otros
conceptos. «Incluso se abordan temas
de seguridad y ética en la
práctica de la caza»,
apuntó el viernes Salomé
Pradas.
En la actualidad, el examen como prueba
de aptitud para realizar la actividad
cinegética es obligatorio en la
mayoría de las autonomías de
estado. Además, la tendencia hacia
una licencia interautonómica y la
reciprocidad de obligaciones para los cazadores
de las distintas autonomías ha obligado
a poner en marcha el examen en la
Comunitat.
En este sentido, como indicaba ayer LAS
PROVINCIAS, estas pruebas abren la
posibilidad a gran número de cazadores
valencianos a poder ejercer su actividad por el
resto del país con una sola licencia de
caza. De igual manera, se regula la posibilidad
de caza para extranjeros no residentes, de
gran importancia económica para las
zonas del interior de la Comunitat.
De esta forma, el sector da un nuevo paso
hacia la profesionalización y mejora de
las condiciones para desarrollar su actividad
con plenas garantías.
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